El Gobierno nacional busca la forma de salir del pantano político, económico y judicial en el que quedó atrapado por el aumento de las tarifas del gas y evalúa -por estas horas- una salida que contemple dos variables centrales para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que frenó los aumentos en usuarios residenciales y abrió la puerta para la judicialización del resto. Por un lado, la decisión oficial apunta a un incremento inferior al 300% (muy por debajo del primer tarifazo y de su posterior corrección postfallo de la Cámara Federal de La Plata); y por el otro, una actualización semestral de los valores, algo que le permitiría adecuarse al concepto de "gradualidad", subrayado en la sentencia del máximo tribunal. Fuentes del Ministerio de Energía y de la cartera de Hacienda confirmaron a Ámbito Financiero que se está trabajando en este sentido con miras a la audiencia pública en la que se discutirá un nuevo cuadro tarifario, el 16 de septiembre. 

En paralelo, el Poder Ejecutivo mira con atención lo que pueda llegar a suceder con la Corte (ya con integración completa de sus cinco miembros) en el expediente por el tarifazo a la luz. Mañana el tribunal dará la primera señal acerca de cómo encarará ese caso, con puntos en común y diferencias con respecto al límite que impuso a la administración de Mauricio Macri referido al gas. El trámite de esa causa -también elevado desde la Cámara Federal de La Plata con una medida cautelar que suspendía aumentos en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires- sufrió una alteración cuando -como adelantó este diario- la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal de San Martín Martina Forns decidió el miércoles pasado elevar su caso por la suspensión del aumento de suministro eléctrico en todo el territorio nacional. Esa resolución modificó el panorama con el que se enfrentarán los supremos en su reunión de Acuerdos de mañana. 

Escenario

La intención de la Corte -previo al "auto per saltum" de Forns- era diferenciar su posible resolución sobre la luz de la que tuvo con respecto al gas. El expediente "Abarca" tenía aspectos procesales distintos: se trataba de una medida cautelar con duración por tres meses y sólo abarcaba a las prestatarias con influencia en el conurbano bonaerense. Se le habían anexado otras tres resoluciones judiciales también menores en cuestión de impacto y territorialidad. Las primeras conversaciones entre los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y el flamante supremo Carlos Rosenkrantz apuntaban a que ese "caso" no aportaba los elementos para que la Corte se expidiese sobre la cuestión de fondo, algo que le daría más oxígeno al Gobierno para abocarse a una solución política para el nuevo cuadro tarifario de la electricidad. 

Sin embargo, ese escenario se modificó con la llegada del caso "Fernández", que sorprendió en el cuarto piso del Palacio de Tribunales porque no esperaban una decisión de esa naturaleza por parte de Forns. La magistrada que había dictado una precautelar argumentó que giraba el caso "a los fines que correspondan" por la posible conexidad con la causa colectiva de La Plata. Le sumó cuestiones de economía procesal, y la advertencia de la propia Corte sobre evitar fallos contradictorios entre distintos tribunales. La Corte se había fijado due date el 6 de septiembre para expedirse sobre el tema. En el trayecto, la procuradora Alejandra Gils Carbó debía emitir su opinión, en lo que se especulaba como un dictamen distinto al que emitió por el gas, pese a que el problema central sigue siendo la ausencia de audiencias públicas previas. 

Caminos

A la Corte se le presentó un dilema con varios posibles caminos de resolución: una opción es devolver el expediente a su origen (Forns) para que la precautelar (que se encuentra vencida) continúe con el camino procesal de ser ratificado o no por la magistrada, sea después analizado por la Cámara de Apelaciones y eventualmente escale a la Corte. Para el máximo Tribunal, aceptarla sin consideraciones crearía un mal precedente para otros tribunales que podrían remitir sus causas. Por eso, otra alternativa sería enviar un mensaje a los jueces (y una advertencia para Forns) pero utilizar su caso para dar una resolución de fondo también sobre el servicio eléctrico. Una combinación de estos elementos hacen que el expediente se torne ideal -más allá del salteo del procedimiento- para que la Corte se expida de forma definitiva. Lo concreto es que el tema de la luz será abordado mañana en el Acuerdo más allá del caso en sí, dada la gravedad institucional que conlleva el asunto. Después de la reunión surgirá la señal concreta sobre el criterio con el que la Corte piensa resolver el asunto.