Estaba cantado. Una cosa es impulsar la paz y la reconciliación entre los seres humanos y otra participar en la selección de jueces para un Tribunal Especial de Paz que ya en su gestación está rodeado de fuerte polémica.

En un escueto comunicado, el Vaticano rechaza la propuesta de ser una de las entidades que proponga nombres de magistrados encargados de esclarecer y juzgar a los responsables de 50 años de conflicto armado en Colombia. "Considerando la vocación universal de la Iglesia y la misión del Sucesor de Pedro como Pastor del Pueblo de Dios, sería más apropiado que dicha tarea sea confiada a otras instancias", sugiere. Además de al Papa Francisco, el gobierno colombiano y las FARC ofrecieron la misión a BanKi-Moon, Secretario general de la ONU y a tres organizaciones.En la misma declaración, agrega que "el Santo Padre se complace con la noticia del cierre de las negociaciones entre el Gobierno y las FARC-EP, como conclusión del intenso proceso que se llevó a cabo en los últimos años, y tiene a bien reiterar su apoyo al objetivo de alcanzar la concordia y la reconciliación de todo el pueblo colombiano".

En Colombia varios analistas daban por hecho que Francisco no se metería en un proceso de elección que seguirá dividiendo a la ya polarizada sociedad colombiana. El gobierno no ceja de afirmar que el tribunal estará integrado por personalidades probas y de la mejor capacidad y la oposición, que serán parciales. Será difícil en todo caso la selección si tenemos en cuenta que para cubrir vacantes en las altas magistraturas en Colombia tardan a veces meses y hasta años, y que el poder judicial tiene un índice de impopularidad en las encuestas preocupante puesto que suele rozar el 70 %.¿Cómo harán para escoger una treintena de jueces que merezcan el respeto del conjunto del país y dejen tranquilos a la oposición? Ese es el reto que pretendían superar con la intervención directa de figuras como la del Papa Francisco, quizá el hombre, junto a Barack Obama, que cuenta con mayor respaldo popular en los sondeos de opinión.

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Precisamente la negativa del Santo Padre coincide con un nuevo escándalo que preocupa a los empresarios. Circula un listado de 57 nombres compañías, en el que figuran Coca-Cola, la cervecera Bavaria, la estatal Ecopetrol o cementos Argos, entre otras grandes, que deberán comparecer ante el citado Tribunal cuando se conforme, para explicar por qué pagaron la llamada "vacuna" -impuesto revolucionario- a los grupos paramilitares.

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El vicepresidente Vargas Lleras, que siempre ha sido reacio a manifestar su respaldo al proceso de paz aunque ya aclaró que votará Sí, alertó de las consecuencias que puede tener un anuncio como ese. Enseguida replicó el Presidente Santos intentando tranquilizar a las empresas. Dijo que sería la oportunidad para "limpiar" sus nombres, que quien nada hizo, nada debe temer. Pero sus palabras solo contribuyeron a sembrar más inquietud.

Son miles de pymes, de comerciantes y ganaderos, así como grandes empresas y ayuntamientos, que debían abonar una cantidad a los paramilitares y las guerrillas para poder trabajar en zonas bajo su dominio. Este diario conoció y ha sido testigo de pagos realizados bajo presión, nunca de manera voluntaria. Para evitar ser culpados de financiar grupos ilegales, las compañías grandes dejaban y aún lo hacen, que sean subcontratistas los que realicen los pagos.

Agencias Internacionales