El proyecto, que fue girado a la Cámara de Diputados, propone reducir del 3 al 1,5 por ciento las comisiones por compras con tarjetas de crédito y eliminar totalmente las correspondientes a las tarjetas de débito, que actualmente están fijadas en el 1,5 por ciento.

El oficialismo intentó en los últimos días evitar que la iniciativa presentada por el chubutense Alfredo Luenzo, del interbloque UNA, llegara a ser votada en el recinto, pero la oposición impuso su número para aprobarlo.

Al no poder haber bloqueado el tratamiento del proyecto, el interbloque oficialista Cambiemos intentó introducir cambios pero solo tuvieron éxito con una de las propuestas.

El cambio que se le hizo al proyecto, a sugerencia de la presidenta del bloque PRO, Laura Rodríguez Machado, establece que quedarán excluidas "las tarjetas de crédito no bancarias", es decir, aquellas que no estén vinculadas a entidades financieras, las cuales pueden cobrar comisiones no superiores al 3 por ciento.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, intentó introducir un cambio para que el Banco Central estuviera autorizado a regular la tasa de intercambio de bancos emisores de tarjetas, lo cual fue rechazado por la oposición.

Ante la negativa, el jefe del interbloque oficialista Cambiemos, Ángel Rozas, acusó al jefe del bloque PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, de no haber "cumplido su palabra" porque se había acordado previamente realizar esas modificaciones.

Pichetto negó tal acuerdo y luego le cedió la palabra a Luenzo, quien preside la comisión en la cual se debatió el proyecto y afirmó que "se acordó modificar el proyecto, pero nunca se habló de darle esas facultades al Banco Central.

Fuera de micrófono, Rozas se puso de pie y, mirando a la bancada del PJ-FPV, exclamó: "Vamos a votar a favor, no vamos a quedar mal con los comerciantes por votar en contra porque ustedes no cumplan su palabra".

Por esa razón, pese a la negativa inicial del oficialismo al proyecto, finalmente fue aprobado por unanimidad.

• Información

El proyecto de acceso a la información pública fue aprobado en general por unanimidad, pero en particular se le introdujeron modificaciones en virtud de que la oposición logró imponer su mayoría.

Entre los cambios, los más importantes son los que incluyen entre los entes que deben brindar información al público a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, como es el caso de YPF, ya que varios legisladores apuntaron al acuerdo entre la petrolera argentina y Chevron por la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta.

Otro de los cambios establece que el director de la Agencia de Información Pública podrá ser designado por el Poder Ejecutivo, pero con acuerdo del Senado. Asimismo, se elimina el artículo que indica que no puede ser director de la Agencia quien haya ostentado cargos políticos o partidarios hasta cinco años antes de su designación.

El proyecto de Acceso a la Información Pública, que impulsó el Poder Ejecutivo, establece la posibilidad de que los particulares puedan solicitar y recibir información de los tres poderes del Estado.

El proyecto que crea una Agencia de Información Pública ante la cual cualquier persona tendrá el derecho a solicitar y a recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz. Además, establece como características principales el principio de legitimación amplia.
El Estado tendrá 15 días para proveer la información solicitada, con posibilidad de prorrogar el plazo por 15 días más una sola vez. En caso de no recibir respuesta en tiempo y forma, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa o judicial.

La iniciativa regirá para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos centralizados, descentralizados, empresas, sociedades estatales y cualquier entidad privada que reciba subsidios o aportes del Estado Nacional.

La norma había sido discutida en las comisiones y, a través del dictamen de mayoría, se había propuesto aprobar el proyecto venido de Diputados.

Sin embargo, desde la oposición, tanto el kirchnerismo, como el peronismo disidente y la centroizquierda, unificaron consensos para reclamar por la introducción de cambios y lograron torcer la voluntad del oficialismo que quería convertirla en ley esta misma noche.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, fustigó duramente la modificación del proyecto en el artículo que establece que sociedades con participación estatal deben brindar información a los particulares.

"Si se elimina esa restricción, las empresas con participación minoritaria del Estado deben brindar su información no sólo sobre la participación estatal. Tendrá que darle toda esa información a su competencia", advirtió Pinedo. Además, insistió en preguntar "quién va a venir a la Argentina a invertir en estas condiciones".

Sin embargo, el kirchnerista Juan Pais señaló que el Inciso C de la Ley "protege los secretos industriales, comerciales, financieros y científicos" de las firmas y remarcó que "en modo alguno se pone en peligro ninguna seguridad jurídica de las empresas".

El radical Luis Naidenoff defendió la iniciativa argumentando que "se está saldando una deuda pendiente" y destacó que "es un proyecto que molesta al poder"."Así vamos a empezar a cerrar la distancia que existe entre la política y la gente", indicó el formoseño.

La ultrakirchnerista santacruceña Virginia García afirmó que "la ley es buena y debe ser una herramienta útil y eficiente", pero reclamó cambios en el control de la Agencia de Información porque "es casi imposible que el Poder Ejecutivo se controle a sí mismo".

La tucumana Silvia Elías de Pérez, de Cambiemos, enfatizó que "en la Argentina el secretismo gobernó por muchos años" al cuestionar la decisión de la mayoría de los legisladores de retrasar la aprobación de la Ley.

La representante del Movimiento Popular Neuquino, Lucila Crexel, en cambio, había enfatizado que "no es alentador ante la institucionalidad que salga la ley rápido sin hacerle cambios".