El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, oficializó ayer ante sus pares de Economía de las provincias los parámetros centrales del proyecto de Presupuesto nacional que enviará a la Legislatura el próximo jueves, y que necesitan los gobernadores para cerrar sus propios planes de gastos para el electoral 2017.

Fue en el marco de un encuentro del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que se desarrolló desde las 11 en la sede de la cartera económica y del que participó además el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

"Es la primera vez en cinco años que se reúne este Consejo con la presencia de los ministros del Gabinete nacional", destacó Prat Gay, además de remarcar la pretensión de que "las decisiones se tomen por consenso" con la mirada puesta en la discusión parlamentaria por el Presupuesto.

Si bien la mayor parte del cónclave se centró en la presentación de las pautas macroeconómicas, los funcionarios de Mauricio Macri plantearon a los ministros que habrá una mirada más estricta por parte del Gobierno nacional para autorizar futuras colocaciones de deuda de las provincias.

"Queremos que tomen deuda para hacer inversiones en infraestructura y obras públicas, y no para gastos corrientes", confirmaron desde despachos nacionales a este diario.

Además, el Gobierno pidió a las provincias que adhieran a la ley nacional de blanqueo de capitales, ya que hasta ahora sólo lo hicieron cuatro (Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Salta y Córdoba).

También Nación y provincias acordaron avanzar este año en la elaboración conjunta de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, bajo los parámetros de la búsqueda del equilibrio fiscal.

En paralelo, les confirmaron a los ministros subnacionales que el Palacio de Hacienda avanza en el diseño de cambios graduales en las escalas del Impuesto a las Ganancias en pos de darle una mayor progresividad, y les aseguraron que buscarán consensuar los cambios con las provincias antes de remitir el proyecto de rigor al Congreso. 

La pretensión genera preocupación entre los gobernadores, ya que en los hechos representará una nueva desaceleración en las remesas de la coparticipación al interior, al reducirse con los cambios la masa de recursos que se distribuyen a los distritos. 

Por eso, los funcionarios nacionales se comprometieron a remitir primero el proyecto a las provincias, conscientes además de la necesidad de contar con el respaldo en el Congreso de las terminales legislativas de los gobernadores.

"Se habló de la mirada del Gobierno en cuanto a los montos de endeudamiento que tomaron la Nación, las provincias y los sectores corporativos y en qué medida contribuyeron a las reservas, y respecto de las futuras operaciones se planteó la necesidad de hacer un análisis más detenido previo al otorgamiento de las autorizaciones en procura de que los recursos se usen en inversiones", aseguró a este diario uno de los ministros que asistió al cónclave.

Se trata de un giro de la Casa Rosada respecto de los primeros meses del año, cuando -afirmó otra fuente provincial- "las autorizaciones eran otorgadas sin mucho nivel de análisis".

"Hay un cambio de mirada respecto de las autorizaciones de endeudamiento: están queriendo poner el foco en el monto, la capacidad de endeudamiento, la oportunidad, la conveniencia y el destino que se les quiere dar a esos fondos, para que no sean destinados a gastos corrientes y sí a inversiones", agregó.

"Se les fue de las manos la autorización de endeudamientos porque se usó mucho para emitir gastos corrientes y eso limita a Nación porque hay cupos internacionales", reconoció otro ministro del interior. En lo que va del año ya concretaron colocaciones en el exterior la Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires, Salta, Neuquén, Mendoza, Chubut, Córdoba y Chaco, por cerca de u$s5.850 millones.

También pretenden sumarse nuevas provincias, como Santa Fe, Entre Ríos y Tierra del Fuego. En las últimas horas, desde la primera plaza -que gobierna el socialista Miguel Lifschitz- confiaron en que no tendrán inconvenientes en recibir el ya gestionado aval para colocar en el exterior un bono por hasta u$s500 millones, por haber cumplido ya con todos los requisitos de rigor, mientras que desde Tierra del Fuego remarcaron que el objetivo es financiar obras de infraestructura.