Barack Obama ejerció este viernes el derecho presidencial de veto para frenar una ley del Congreso que permitiría denunciar a Arabia Saudí por su supuesto papel en el 11-S.

Obama justificó el rechazo a la ley, aprobada por demócratas y republicanos, porque usurpa las competencias del poder ejecutivo para designar a estados como terroristas. También alegó que pone en peligro a estadounidenses en el extranjero protegidos ahora por la inmunidad. Y puede complicar las relaciones de EE UU con socios clave. Para anular el veto, son necesarios dos tercios del Senado y de la Cámara de Representantes.

El derecho de veto es una prerrogativa esencial del presidente de EE UU, consagrada en la Constitución. Con límites, garantiza la primacía del poder ejecutivo sobre el legislativo. Permite al jefe de Estado anular una ley aprobada por los representantes electos en el Congreso. No es un recurso habitual, sino un instrumento para casos in extremis, cuando por motivos de conciencia, ideológicos o de estrategia el presidente cree que no puede aceptar la voluntad del Congreso. El demócrata Obama, con el veto de este viernes, habrá bloqueado 12 leyes. Su antecesor, el republicano George W. Bush, también vetó 12.

La sección 7 del artículo 1 de la Constitución de EE UU establece que, una vez aprobada una ley por ambas cámaras del Congreso, y después de que el Congreso la haya presentado al presidente, este tiene diez días hábiles para firmarla. Si no lo hace antes de plazo, la ley se da por aprobada. El plazo de la ‘Ley para justicia contra los patrocinadores del terrorismo’, aprobada el 9 de septiembre, vencía en la medianoche del 23 al 24 de septiembre. Unas horas antes, como había prometido, Obama se la devolvió al Congreso con un texto justificando la decisión.

La ley, promovida por familiares de los atentados del 11 de septiembre de 2001, limita la inmunidad de funcionarios de un estado extranjero ante casos de terrorismo internacional. Da pie a que víctimas del terrorismo denuncien en tribunales estadounidenses a estado extranjeros o a sus gobernantes o funcionarios por sus vínculos con atentados. De los 19 terroristas que el 11-S secuestraron cuatro aviones comerciales para estrellarlos contra Washington y Nueva York, 14 eran ciudadanos saudíes. Los promotores de la ley cree que esta podría ayudar a aclarar el vínculo saudí con los atentados.

El veto abre una batalla entre la Casa Blanca y un Congreso. De forma excepcional, demócratas y republicanos ha aparcado la polarización de los últimos años y se han unido en esta causa. Si lograsen dos tercios de votos en ambas cámaras, el veto de Obama quedaría invalidado y la ley entraría en vigor. Sería la primera vez, desde que Obama llegó a la Casa Blanca en 2009, que el Congreso invalida un veto suyo. La batalla llega en plena campaña electoral para las elecciones del 8 de noviembre. Defender a Arabia Saudí ante las víctimas del 11-S no es un argumento popular para ninguno de los legisladores que se presenta a la reelección, y tampoco para los candidatos presidenciales, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump.

El texto de Obama enumera tres razones para vetar la ley. Argumenta, primero, que la ley hurta a los profesionales de la seguridad y la política exterior del Gobierno federal la capacidad para luchar contra el terrorismo, y que traslada la competencia a un enjambre de litigadores privados y tribunales que podrían alcanzar decisiones contradictorias y poco razonadas sobre los vínculos terroristas de otro país. La competencia para designar como terrorista a otro Estado recae ahora en el Gobierno federal, no a los tribunales.

El segundo argumento de Obama es que la ley destroza los principios de la inmunidad internacional, y que romper estos principios pondrá en peligro a representantes de EE UU en otros países. Estados Unidos, recuerda el presidente, tiene más presencia internacional —militar y diplomática— que ningún otro país. Finalmente, considera que la ley “amenaza con crear complicaciones en las relaciones [de EE UU] con [sus] socios más cercanos”. Uno de estos socios es Arabia Saudí. Según Obama, expondría a los aliados de la primera potencia mundial a acusaciones con poco fundamento en los tribunales y podría acabar limitando su cooperación en asuntos clave, incluido en materia antiterrorista.

EFE