El Gobierno nacional aún no tiene definido cuándo enviará al Congreso el proyecto de modificaciones al impuesto a las Ganancias en la categoría que pagan los trabajadores en relación de dependencia, aunque implícitamente su discusión ocupará un lugar central cuando en los próximos días la Cámara de Diputados avance en el análisis de la propuesta de Presupuesto 2017.

Sucede que la que será la primera “ley de leyes” del gobierno que preside Mauricio Macri contiene en su capítulo de los ingresos previstos para el año próximo los cambios contemplados en Ganancias y que por estos días ultiman técnicamente en el Ministerio de Hacienda que encabeza Alfonso Prat Gay.

Esos cambios estarán lejos del compromiso de la campaña electoral del entonces candidato presidencial de Cambiemos de que serían de fondo y apuntaría a terminar pronto con el “impuesto al trabajo”, como en su momento se lo reclamaron al gobierno de Cristina Fernández y hasta hace poco a Macri los dirigentes sindicales de las CGT moyanista y barrionuevista de entonces y la unificada de ahora.

Sin embargo, tienen a favor en esa tenida con esta CGT de  conducción triunviral el hecho de que las modificaciones,  aun cuando serán “graduales” o “razonables”, términos éstos utilizados por el oficialismo para definirlas, contemplan no sólo el aumento del mínimo imponible a partir del cual se paga el gravamen sino también, y por primera vez desde su instrumentación (en 1999, con José Luis Machinea como ministro de Economía y Fernando de la Rúa como presidente) cambios en las escalas.

La gradualidad que definió el principal tándem político gubernamental de Prat Gay y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, obedece ante todo a la necesidad de no profundizar el ajuste hacia un menor déficit fiscal, en función de una necesidad política: el Gobierno requerirá recursos que le posibiliten un resultado en las elecciones legislativas de medio término capaz de generarle propia masa crítica hacia adelante; algo en lo que también tendrá a favor la toma de deuda externa.

El Gobierno encontró en las administraciones provinciales los aliados para esta “gradualidad” en los cambios en un impuesto de recaudación segura, que significa 1 peso de cada 5 pesos de todos los ingresos fiscales, y que serán claves al momento de la discusión del proyecto en el Senado.

Resulta obvio si se tiene en cuenta que más de 50% de la recaudación de Ganancias va a las provincias. De allí que hayan recibido complacidos los lineamientos generales de las reformas que el martes pasado les anticipó Prat Gay a sus pares de las 24 provincias en la reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal y que quedó asentado en un comunicado.

En el fondo, los cambios que les adelantó Prat Gay significarán un costo fiscal de unos 27.000 millones de pesos, casi la mitad de los alrededor de 50.000 millones que representó en 2016 el aumento del mínimo imponible que decretó el Ejecutivo, aun cuando Ganancias haya alcanzado a mayor cantidad de personas después tras los aumentos salariales en las últimas paritarias. 

Las provincias, por supuesto, adelantaron su respaldo a la propuesta que les anticipó Prat Gay que, en términos macroeconómicos, les resultan por demás ventajosos en comparación, por ejemplo, con otros proyectos de modificaciones presentados por la oposición: el impacto entre 2017-2019 será de una baja de menos de 0,6% del PBI contra entre 2 y 3,7% de las propuesta de la oposición, según el paper que les presentó el ministro y al que tuvo acceso este diario.

En síntesis, según ese documento los cambios consisten en: estiramiento de la tabla de alícuotas en los próximos tres años, concentración de los beneficios en los que son alcanzados con menores ingresos, nuevas alícuotas marginales para quienes están en el 1% de mayores ingresos, eliminación de deducciones obsoletas, reemplazadas por la red de seguridad social; alícuota especial reducida (2%) para quienes pagan el impuesto por primera vez; moderado incremento del mínimo imponible (entre 15 y 17%, en línea con la inflación prevista).

Al visto bueno de los gobiernos provinciales también contribuye la pérdida de recursos que a sus arcas les supondrían los proyectos de cambios presentados por la oposición.

De mayor a menor cercanía con los 27.000 millones de pesos previstos por el Gobierno, se ubican los presentados (“no por casualidad” les dijo con ironía Prat Gay a los ministros), por la diputada oficialista Elisa Carrió (36.000 millones), seguido de los del jefe del bloque PJ-FpV en el Senad, Miguel Pichetto (47.000 millones) y del diputado del Frente Renovador Sergio Massa (90.000 millones de pesos).

Desde el FpV en Diputados, su jefe de bloque, Héctor Recalde, dijo a este diario que aún no tienen un proyecto único y que empezarán a debatirlo el martes próximo. Y recordó que él presentó uno tendiente a sustituir el impuesto en el caso de los asalariados por otro a “los altos ingresos”: minería, juegos de azar, jueces y “aumento” a la renta financiera. “Se trata de devolverle el rol al Estado”, dijo.

Tèlam_DyN