El titular de Transporte, Guillermo Dietrich sigue acumulando complicaciones en el sector portuario. Tras haber defendido publicamente el desembarco Maersk en el negocio de los remolcadores contratados por la estatal Enarsa, el gigante naviero danés lo dejó en off side al no poner en servicio las embarcaciones que había prometido para el 1 de octubre.

Y ahora, se topó con un nuevo revés propinado por un fallo judicial impulsado por Ivetra (Instituto Verificador del Transporte)--la empresa ligada al titular de los camioneros Hugo Moyano-- que logró reponer la vigencia del seguro a los contenedores que había sido anulado por una polémica medida de la Administración General de Puertos (AGP).

Se trata del denominado sistema integral TAP (Transporte Argentino Protegido) que tiene un costo de 67 dólares más IVA y consiste en un triple seguro que cubre los daños que pueda sufrir el contenedor en su manipuleo, la responsabilidad civil a terceros por siniestros que provoque un mal manejo del equipo y la responsabilidad civil de los transportistas por ser los tenedores responsables de la mercadería que lleva el contenedor.

El juez en lo contencioso administrativo federal, Esteban Carlos Furnari dispuso una “medida cautelar interina” que suspendió los efectos de la resolución 76/16 por la cual la AGP les había ordenado a las terminales del puerto de Buenos Aires que dejen de exigir el TAP que desde mediados de 2011 viene comercializando Ivetra.

Si bien los funcionarios de Transporte la justificaron con el argumento de que apuntaba a “bajar los costos del comercio exterior y aumentar la competitividad de la producción nacional”, la medida aprobada a fines de agosto fue interpretada como una estocada de la administración macrista al gremio de camioneros.

La reacción de Ivetra no se hizo esperar y mediante un contraataque judicial consiguió frenar la resolución de AGP que había desvirtuado la existencia del TAP.

Junto con la “medida cautelar interina”, el juez Furnari les requirió a las autoridades de Transporte que en un plazo de cinco días procedan a enviarle un “informe sumario sobre el hecho denunciado y todas las actuaciones administrativas del caso”.

En los fundamentos del fallo, el magistrado destacó que “pareciera que la pretendida finalidad de `reducir los costos operativos’ no justificaría una reducción en las inspecciones de seguridad sobre los contenedores -habida cuenta el consecuente aumento del peligro que ello implicaría para la vida humana de los usuarios, trabajadores, transportistas y terceros- y la cobertura de seguros por daños que pudieran ocasionarse a éstos”.

Agregó que “las consideraciones vertidas oportunamente por Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) parecieran desvirtuar la afirmación de que el sistema TAP conlleva mayores costos para los exportadores e importadores”.

Además, el juez sostuvo que de lo analizado “se desprende que podrían hallarse seriamente comprometidos vastos derechos constitucionales, tanto de la parte actora, como así también de los usuarios, trabajadores y transportistas que manipulan habitualmente los contenedores en cuestión e, incluso, de terceros, que podrían resultar damnificados por la ausencia de los debidos controles en materia de seguridad y de una cobertura de seguro suficiente ante un potencial siniestro”.

Furnari justificó su decisión señalando que fue adoptada “con el objeto que la eventual protección cautelar no llegue demasiado tarde -tornándose éstos en meramente ilusorios- y a fin de poder contar con mayores elementos de juicio que permitan verificar la efectiva concurrencia de los respectivos recaudados de procedencia de la tutela requerida, posibilitando su adecuada evaluación y cuya simple desestimación no resulta aconsejable, ni posible en este muy incipiente estado del proceso”.

Si bien fue llevada adelante por Ivetra, la presentación judicial contó con el respaldo de nueve entidades gremiales y empresariales del ámbito portuario y del comercio exterior, entre las cuales se encuentran el Centro de Despachantes de Aduana, la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) y los sindicatos de portuarios, guincheros y estibadores.

La resolución que paralizó la Justicia había sido firmada por el titular de AGP, Gonzalo Mórtola, un ex rugbier del Colegio Cardenal Newman, donde estudiaron el presidente Mauricio Macri y el jefe de asesores de la Casa Rosada, José Torello que es el padrino político del funcionario.

Además de haber quedado en la mira por designar un staff de diez asesores con choferes privados y sueldos superiores a los 150.000 pesos mensuales, Mórtola es cada vez más cuestionado desde el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta por las trabas que pone para el prometido traspaso del puerto a la órbita de la Ciudad.

Agencias Buenos Aires