A casi un año del fallo de la Corte Suprema que obligaba a YPF a hacer público con Chevron por la explotación de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento "Vaca Muerta", en la provincia de Neuquén, se conocieron algunos aspectos centrales del acuerdo.
Se confirmó lo que muchos sospechaban: la firma norteamericana utilizó varias offshore para cubrirse de eventuales litigios (en especial los vinculados a delitos ambientales) y cesión de la jurisdicción argentina.

Concretamente, si existe un conflicto entre YPF y Chevron, el mismo deberá dirimirse en los tribunales de Nueva York, bajo las leyes de ese Estado, o el de París.

De acuerdo con lo explicado por el exsenador Rubén Giustiniani, recién se trató de una primera lectura de este documento, que sólo se redactó en idioma inglés y que generará diversos interrogantes.
Uno de ellos será el de determinar si hay un perjuicio al fisco nacional por la no tributación de algunos impuestos.
Además, de acuerdo con Giustiniani, la firma norteamericana no realizó una inversión a riesgo sino un préstamo.

Quienes trabajan en la estrategia legal con Giustiniani señalaron a este medio que uno de los aspectos que observarán en detalle cuando tengan el acuerdo es el de las empresas: "Nos llama la atención el uso de sociedades off shore que se suelen utilizar para eludir impuestos y normas".

El senador Fernando “Pino” Solanas remarcó que el contrato -impulsado por la ex presidenta Cristina Kichner y el ex ministro de Economía, Axel Kicillof- “borra toda responsabilidad ambiental por parte de Chevron, que actua como mero prestamista”.
Además, expresó que el 50% de las utilidades son “de libre disponibilidad”, de modo tal que la empresa norteamericana “si quiere, se lo lleva” sin necesidad de dar razones o de estar obligada a reinvertir al menos una parte. 

La ruta de los dólares
En los documentos se revela el complejo entramado para blindar la ruta del dinero, desde que Chevron deposita los dólares en Estados Unidos, hasta que llegan a Vaca Muerta.

Para ello, se crearon dos compañías en Uruguay y Bermudas –Workler Investment S.A. e YPF Shale Oil Holding LTD.

Ambas funcionaron “como cáscaras”, según el CFO de la petrolera, Daniel González.
La ruta de los dólares era la siguiente:
- YPF creó una sociedad uruguaya: Wokler Investment SA
- Esta posee el 100% de una firma radicada en Bermudas: YPF Shale Oil Holding Ltd
- A su vez, esta tiene el 100% de otra radicada en Delaware: YPF Shale Oil Investment.
A partir de este entramado, los dólares transitan el siguiente recorrido:
- Chevron le gira el dinero a esta última empresa (YPF Shale Oil Investment) (Delaware)
- De ahí, los fondos se transfieren a la anterior (YPF Shale Holding) (Bermudas)
Esta última era la que invertía el dinero en Loma Campana, donde posee el 50% de la concesión.
Todo esto fue pensado para distraer en casos de un posible embargo. 

En aquel momento Chevron tenía problemas por sus juicios en Ecuador y la Argentina con los fondos buitre y Repsol.
Las tres compañías las maneja YPF que, de este modo, tras un acuerdo, "administra" los bienes de Chevron. 
Giustiniani recordó que el pedido surgió porque "se le estaba dando a Chevron una contratación directa por 35 años una de las zonas más ricas de la Argentina"

Se trata de "la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta en el mundo de petróleo no convencional, que es Vaca Muerta", añadió.
Giustiniani recordó que después de dos años de litigio, la Corte sentenció que el derecho al acceso a la información era del pueblo y no del Estado, de modo tal que ordenó a YPF entregarle una copia.
“Después de 330 días de la ejecución del fallo y de las obstrucciones judiciales, me dieron la copia", sostuvo.
Acuerdo con tachaduras
El 13 de julio del 2013 YPF y Chevron firmaron el acuerdo de proyecto de inversión para la explotación de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento "Vaca Muerta", en la provincia de Neuquén. 
El convenio generó polémica por sus alcances y por un antecedente de daño ambiental que Chevron tuvo en Ecuador y que le valió una causa judicial.
Giustiniani, en ese entonces senador, inició una causa judicial porque YPF se negaba a dar a conocer el acuerdo. 

La empresa alegaba que el decreto 1172/2003 de acceso a la información pública no la alcanza y que su difusión podría violar acuerdos comerciales que se comprometió a mantener en secreto. 
La confidencialidad fue avalada primero por el gobierno de Cristina Kirchner y luego por el de Mauricio Macri. 

"Hay secretos de tipo comercial, científico y tecnológico que deben ser resguardados para el desarrollo de este tipo de industria", dijo la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, quien cambió de postura, ya que cuando era diputada de la oposición había criticado duramente la confidencialidad del acuerdo.
El caso llegó hasta la Corte Suprema que, en noviembre pasado, ordenó a YPF que debía dar a conocer el pacto celebrado.

La empresa lo entregó  pero con tachaduras en lo que consideraba las partes más sensibles. 

Se volvió a discutir el caso y la la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó que la empresa debe darle a Giustiniani el convenio. 

Agencias Buenos Aires