En un avance contra la cultura del secreto de la Justicia, ayer se estrenó una base de datos que reportó la existencia 487 causas por corrupción en trámite y 18 concluídas.

El dato solo incluye a los doce juzgados federales y las dos salas de la Cámara Federal porteños. Hasta hace unos años atrás, muchos jueces negaban a los periodista el acceso a expedientes donde se investigaban robos al Estado con la excusa de que “no son partes de la causa”.

En el futuro se preveé ampliar la base de datos a tribunales federales porteños a las provincias donde también se ventilan casos de corrupción de funcionarios públicos. La mayoría son causas abiertas en los gobiernos de Néstor y Cristina pero aún subsisten algunas de la época del ex presidente Carlos Menem, comentó una alta fuente judicial. Es por la histórica demora en la tramitación de estas causas contra políticos que tienen, hasta ahora, un promedio de 16 años hasta llegar a un juicio oral. El retraso produjo impunidad con, hasta ahora, solo cinco condenados por casos de corrupción como Menem y la ex secretaria de Medio Ambiente. María Julia Alsogaray. Aunque todavía no se sistematizó los datos, la fuente estimó que la cifra refleja "un incremento" comparado con la tramitación de este tipo de causas durante la gestión de Menem y mucho mayor comparado con la época de Raúl Alfonsín.

La base de datos fue presentada ayer por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en el cierre de la Séptima Conferencia Nacional de jueces que clausuró en el Palacio de Tribunales.

La presentación se adelanta a las auditorías que por orden del Consejo de la Magistratura se están haciendo sobre los doce juzgados federales porteños para investigar a los jueces que taparon o frenaron denuncias de corrupción contra el kirchnerismo.

Se trata de una plataforma web, de acceso libre, elaborada por la Corte y de la Cámara Federal que quedo disponible en el sitio web del Centro de Información Judicial (www.cij.gov.ar). La base incluye en tiempo real todos los datos de los expedientes y estado de las causas, con los enlaces a las diferentes resoluciones dictadas durante el proceso; cuenta con un buscador, que permite realizar diferentes consultas en función de los denunciados, denunciantes, los delitos investigados y estado de los procesos, por ejemplo.

Comparadas las causas judiciales abiertas con las 2.160 denuncias que se hicieron entre el 2003 y el 2015 se llega a la conclusión que se desestimaron 1673 de las segundas por fiscales que no hicieron un requerimiento de instrucción o jueces que las cerraron por inexistencia de delito, entre otras razones.

El 4 de enero de este año, ya se había revelado que entre el 2003 y el 2015, los principales ex funcionarios kirchneristas -entre ellos Cristina Kirchner- fueron objeto de 2.160 denuncias por corrupción solo en la Capital Federal, según un informe de la Cámara Federal porteña.

La lista de denunciados la encabeza la ex presidenta con 419; Néstor Kirchner (193); el ex vicepresidente Amado Boudou (117); el ex ministro de Planificación Julio De Vido (117); el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández (108) y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Siguen en este ránking: el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno; la ex ministra de Defensa y Seguridad Nilda Garré (67); el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich (61) y el ex vicepresidente Daniel Scioli (51). La lista incluye otros 27 ex ministros y ex secretarios de Estado que tienen menos de 10 causas. Clarín había pedido, en enero, oficialmente el mes pasado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el número de causas judiciales abiertas por corrupción durante el kirchnerismo y fue derivado a la Cámara Federal porteña que individualizó 2.160 denuncias.

Ahora en la nuevas base de datos para que una causa aparezca en el listado se deben dar alguna de estas condiciones: que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de su actividad; que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública; que el hecho investigado se refiera a obra o servicio público; que el hecho bajo estudio afecte un interés público (por ejemplo: sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.), y que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (creada sobre la base de la Convención Interamericana contra la Corrupción). Obviamente, no entran las causas por delitos de carácter privado.

En la página del CIJ se pueden ver, desde ayer, los movimientos que se hayan efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que el mismo se encuentre y en esta primera etapa el usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, procesamiento y su intervención de alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

Ayer tras un panel sobre corrupción en el que participaron los jueces federales Ariel Lijo (quien investitó el caso Ciccone, entre otros) y Claudio Bonadio (quien investigó el caso Hotesur y tiene la causa Los Sauces) y los presidentes de la Casación federal, Mariano Borinsky, y de la Casación porteña, Horacio Días, entre otros magistrados, Lorenzetti anunció "el logro" de la nueva recopilación de expedientes.

Por otra parte, en ese panel,Bonadio resaltó la herramienta con la que cuentan los jueces para desde el principio de las investigaciones disponer de los bienes que se presumen originados en la corrupción, mientras se espera que el Congreso apruebe la ley de extinción de dominio. Bonadio rechazó la generalización sobre demoras en la tramitación de las causas como sospecha la diputada del GEN Margarita Stolbizer. "Sobre la lentitud de las causas, a quien le quepa el sayo que se lo ponga. Muchos jueces tenemos causas que están avanzando todos los días. Tampoco se pueden acelerar de manera arbitraria los plazos procesales", expresó en alusión a otros de sus colegas de Comodoro Py que no identificó. En sintonía con Bonadio, Lijo proclamó: "La pregunta que habría que hacerse es cuál expediente se está demorando. Las generalizaciones sólo aportan confusión. Una generalización apoyada por un montón de personas no se transforma en realidad".

Borinsky, por su parte, insistió con la posibilidad de que "el dinero mal habido vuelva a la sociedad para sus funciones esenciales".

"La sociedad pide a gritos que los jueces muestren lo que hacen", afirmó Borinsky al elogiar la creación de la base de datos. Mientras que Lijo llamó a "generar acciones reales y no meras puestas en escenas" al reclamar participación de los jueces "en la confección de nuevas herramientas" legales por parte del Congreso.

Para la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, la base de datos “es un avance importante para comprender los déficit del proceso penal, la complejidad de las investigaciones de corrupción y la detección de atrasos inexplicables en situaciones puntuales, las jugadas dilatorias de las defensas, entre otros puntos”. “La publicidad de esta información ayudará a un mayor control del proceso judicial y de la actuación de jueces y fiscales y a mejorar la calidad del debate público. Será un antídoto contra el bajo o mal desempeño y la impunidad”, finalizó Alonso.

Fuente:Daniel Santoro