Pasado el mediodía la Cámara baja dio inicio a una sesión que será maratónica -estiman 24 horas de debate- para tratar los proyectos de Presupuesto 2017, la limitación de los denominados "superpoderes" y el régimen de inversión privada (PPP) en la obra pública. (ver nota ya publicada)

El arranque de la sesión fue tensa, por varios cruces por distintos temas, entre ellos el aumento de 47% de las dietas de los legisladores y el pedido de Naciones Unidas para que sea liberada la dirigente social Milagro Sala, detenida en Jujuy desde principio de año.

El oficialismo logró obtener dictamen de mayoría favorable al Presupuesto tras conceder modificaciones al proyecto original en acuerdo con las bancadas massistas y peronistas en ambas cámaras legislativas, por lo que la iniciativa quedó en condiciones de ser tratada hoy.

Además del apoyo del Frente Renovador y del bloque Justicialista de Diego Bossio, Cambiemos se granjeó el respaldo con disidencias parciales de Margarita Stolbizer, el socialismo y el diputado José Luis Gioja, mientras que el grueso del Frente para la Victoria-Pj suscribió un dictamen de minoría, al igual que el Frente de Izquierda.

Entre las concesiones, se destacan un refuerzo de $ 1.290 millones para Ciencia y Técnica y 5.000 millones adicionales para las provincias mediante el Fondo Federal Solidario de la soja.

El massismo también logró cerrar con Cambiemos una mejor ecuación en torno a los "superpoderes", pasando del 10% que proponía el Gobierno en el proyecto original para reasignar partidas presupuestarias en el 2017, a un 7,5% en el ejercicio de ese año.

Se acordó, en tanto, que dicho tope del que dispone el jefe de Gabinete para reestructurar gastos del monto presupuestario total aprobado, pasará a ser del 5% a partir del 2018 (y no del 2019 como proponía el Poder Ejecutivo). 

Además, Cambiemos consensuó con el Frente Renovador limitar al 15% el cambio de jurisdicción, a fin de que no se desvíen fondos de inversiones para pagar gastos corrientes o deudas.

Otro de los cambios acordados con las provincias es la transferencia automática de 8 mil millones de pesos para financiar los déficits de las cajas previsionales, de los cuáles el 70% se asignará a las administraciones provinciales y un 30% a los municipios.

El dictamen, además, reforzó el rol de la Auditoria General de la Nación para revisar las cuentas de la empresa Aerolíneas Argentinas, en tanto que se mejoró el reparto de la ley de financiamiento educativo para aumentar los fondos de provincias en mejora edilicia de escuelas.

En tanto, se eliminó el artículo 51 que otorgaba facultades especiales al jefe de Gabinete para adelantos transitorios, y se suprimió la devolución de los saldos técnicos de IVA para prestadores de servicios públicos con tarifa subsidiada, a excepción de Aysa.

A su vez, se incorporó la obligación al Ministerio de Hacienda de presentar el plan financiero cada 90 días para controlar que no se emita deuda para financiar gasto corriente.

Pero quizás lo más relevante, es el acuerdo con las provincias para recortar el déficit fiscal, en el ejercicio 2017, en 10 puntos del PBI. Tal como informa hoy Ámbito Financiero, el entendimiento que se votará hoy también obliga al Gobierno nacional a una disminución del 10% del resultado deficitario y premia a aquellas jurisdicciones que hayan alcanzado resultado financiero positivo, ya que gozarán de la eliminación de las autorizaciones previas de Nación para acceder a endeudamiento.

El Gobierno nacional buscó así hacer a las provincias solidariamente responsables en la misión de reducir el déficit fiscal en, al menos, 10% y premia a los gobernadores de provincia que no gasten más de lo que recauden. Es decir, aquellas provincias que no registren déficit y obtengan "resultados financieros positivos", no dependerán de la autorización del Gobierno nacional para realizar "operaciones de crédito público para el financiamiento de obras de infraestructura, con la limitación de que no revierta el signo del resultado".

En lo que respecta al Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva, el proyecto inicial enviado por el Poder Ejecutivo suponía un recorte absoluto de mil millones de pesos, lo que implicaba, en términos relativos, la rebaja del presupuesto de la cartera a su mínimo histórico.

La situación puso en pie de guerra a la comunidad científica, que se congregó masivamente el jueves pasado frente al Congreso: la protesta dio sus frutos ya que con el refuerzo incorporado en el proyecto se mantiene el gasto del año pasado en términos relativos, aunque muy lejos de las promesas de campaña del presidente Mauricio Macri, quien se había comprometido a duplicar la inversión en el área.

A favor del sector, también se acordó flexibilizar en el proyecto la posibilidad de contratación de los organismos de Ciencia y Técnica, de modo tal de no quedar supeditados a la aprobación del jefe de Gabinete.

En el marco de las proyecciones macroeconómicas comprendidas en el plan de presupuesto, el oficialismo estima un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,5%, una inflación de entre 12 y 17%, un tipo de cambio nominal promedio de $17.92 y un déficit fiscal del 4,2% del PBI.

En cuanto al proyecto de participación público-privada (PPP), el Gobierno llegó a un entendimiento con el grueso de la oposición y con el sindicalismo para aprobarlo. Sin embargo, por las modificaciones volverá al Senado. 

El sindicalismo aceptó el incremento de la participación nacional en los contratos de PPP del 25% original hasta el 33,3%. Además se mantuvo la continuidad del artículo 25 del proyecto, que establece que "para todas las controversias que eventualmente pudiesen surgir (...) podrán determinar la posibilidad de establecer mecanismos de avenimiento y/o arbitraje", y que "en caso de optarse por el arbitraje con prórroga de jurisdicción, éste deberá ser aprobado en forma expresa e indelegable por el Poder Ejecutivo". 

El debate comenzará con las exposiciones de 40 minutos de los miembros informantes de cada dictamen, proseguirá con los discursos de los bloques, y luego las intervenciones individuales. 

Los diputados procederán a las votaciones en general, y luego al tratamiento en particular de los articulados donde existan disidencias.

El Gobierno confía en contar con los votos para aprobar estas tres leyes que considera fundamentales para reactivar la economía.

Agencias