En un veredicto histórico que abre vías legales y políticas a quienes aún se oponen a salir del bloque comunitario, pese al referéndum del pasado 23 de junio, los jueces dieron la razón a un grupo de ciudadanos que cuestionó que el Ejecutivo pueda iniciar el proceso de desconexión de la UE.

La decisión fue anunciada este jueves y el gobierno de May ya avisó que la recurrirá, por lo que que se espera que pronuncie su fallo con la máxima urgencia, seguramente antes de finales de año, informó la agencia de noticias EFE.

El dictamen judicial constituye un duro golpe para el gobierno de May, que llegó al poder precisamente en el marco del remezón producido en Reino Unido tras la consulta ciudadana por el Brexit, ya que socava su autoridad en la gestión de las negociaciones con los demás Estados miembros.

De quedar firme la sentencia, el escenario más probable es que entorpezca el proceso de salida de Reino Unido, al someterlo este a pleno escrutinio parlamentario.

En tal caso, los diputados podrían incluso llegar a bloquear el Brexit, una opción improbable porque aunque la mayoría de los legisladores se opone a separarse del bloque, pocos estarían dispuestos a revocar una decisión tomada por el pueblo británico en consulta popular.
 

Poco después de conocido el fallo, el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, anunció que hablará este viernes con la primera ministra.

"Se ha acordado una llamada telefónica, a petición de la primera ministra. Será difícil no hablar del asunto", dijo el portavoz comunitario, Margaritis Schinas.

Margaritis SchinasSchinas explicó que la CE no "comentará asuntos que atañen al orden interno constitucional de los Estados" y subrayó que el procedimiento de salida de la Unión Europea "requiere el consentimiento del Parlamento Europeo (PE)".

"El articulo 50 de Tratado de Lisboa (que debe activarse para dar inicio a las negociaciones de salida) requiere la implicación del PE en el acuerdo final", subrayó Schinas, para quien el Ejecutivo comunitario "no tiene un papel particular que jugar" en el proceso.

Entre los ciudadanos que iniciaron el proceso sobre el que se pronunció este jueves el Alto Tribunal están la empresaria británica Gina Miller, filántropa de la City y propietaria de una start up de inversión, y Deir dos Santos, un peluquero, ciudadanos que expresaron su deseo de acabar con "un entorno legal" en el que el Gobierno "puede pasar por encima del Parlamento".

El proceso solicitaba al Alto Tribunal británico determinar si es el Gobierno o el Parlamento el que tiene la autoridad para informar formalmente a Bruselas de que Londres pretende abandonar el bloque.

 El artículo 50 establece que cualquier Estado miembro puede salir "de acuerdo con sus propios requisitos constitucionales".
La redacción del artículo deja abiertas ambas interpretaciones, por un lado la que sostiene Theresa May, que considera que la prerrogativa real otorga a la primera ministra el poder de informar a Bruselas, y por otra la de los demandantes, para quienes corresponde al Parlamento un papel mayor en las negociaciones.

El magistrado que ha leído el fallo ha destacado que "la norma fundamental de la legislación constitucional británica es la soberanía parlamentaria".

El abogado de Miller alegó que "muchos de los derechos de los que la señora Miller y otras personas disfrutan actualmente (en el Reino Unido) quedarán suprimidos si se da la notificación" a Bruselas.

Los letrados gubernamentales argumentaron durante el juicio, celebrado entre el 13 y el 18 de octubre, que el referéndum del 23 de junio, en el que los británicos apoyaron la salida de la UE por un 51,9%, daba a la primera ministra legitimidad para ejecutar unilateralmente la voluntad del pueblo.

También indicaron que "probablemente" podría haber una votación parlamentaria al final del proceso negociador, para ratificar el nuevo acuerdo alcanzado con la Comisión Europea.

May había anunciado durante el reciente congreso anual del Partido Conservador su intención de activar el Artículo 50 antes de finales de marzo de 2017, un plan que ahora dependerá de la decisión de los tribunales.

La ambigüedad del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece que un Estado puede dejar la UE "de acuerdo a sus propios requerimientos constitucionales", ha llevado a un desacuerdo entre los expertos legales en un país que no cuenta con una constitución escrita.

EFE