El movimiento apunta a la "contrainformación" frente a los procesamientos judiciales que existen contra Lula, quien si es condenado en dos instancias estará legalmente fuera de cualquier intento de ser candidato en 2018.
 

"Hemos decidido salir de la parálisis de la izquierda en general y en lugar de gastar tiempo en discusiones internas queremos recuperar el diálogo con la sociedad y defender a Lula de los ataques que ha sufrido", dijo a Télam el ex secretario general de la presidencia Gilberto Carvalho, articulador del diálogo con los movimientos sociales y religiosos.

El movimiento que será lanzado en San Pablo el próximo jueves se llama "Por un Brasil Justo para Todos y Para Lula", y oficialmente no es el lanzamiento de Lula para las presidenciales de 2018.

El argumento, según Carvalho, es montar en todo el país "comités de agitación y propaganda para encender la militancia y el diálogo con el pueblo".

Carvalho, quien fue secretario de la presidencia de Lula y de la sucesora de éste, Dilma Rousseff, dijo que el movimiento "no es el lanzamiento de la campaña presidencial sino que es una campaña más amplia que esto".

"De un lado es debemos hacer una autocrítica pero hacer también una crítica durísima al momento actual, al golpe parlamentario, denunciar las persecuciones, se están rechazando en las instancias judiciales los pedidos de habeas corpus para personas investigadas, detenciones a cualquier precio", dijo Carvalho.

Los abogados de Lula sostienen en Brasil existe un "estado de excepción" contra el ex presidente, procesado en tres causas vinculadas a la investigación en Petrobras, una de ellas por el juez Sérgio Moro, que aceptó una denuncia de la fiscalía que lo vincula a un apartamento en Guarujá, estado San Pablo.
 

Este fin de semana, la revista Veja publicó que el canciller José Serra le informó a Temer que existe "preocupación por la estabilidad del país" en caso de que Lula opte un supuesto exilio, una versión que el ex mandatario rechazó recientemente con la frase "voy a pedir asilo a Garanhuns", su lugar de nacimiento, en el estado de Pernambuco.

En los próximos meses, el gobierno de Temer deberá explicar a la comisión de derechos humanos de la ONU la situación de un supuesto estado de excepción contra Lula en Brasil.

A esa comisión acudió Lula para denunciar a Moro y a los fiscales que lo acusan de haber montado una asociación ilícita desde el Poder Ejecutivo entre 2003 y 2010.

La debacle del PT en las recientes elecciones municipales, que retrocedió 60% en cantidad de alcaldías, también hizo que el propio Lula, pese a ir adelante en las encuestas para 2018, se pronunciara favor de un frente o una coalición con más participación de otras fuerzas.

Sobre todo porque el castigo en el voto contrra el PT fue interpretado como una reacción a la corrupción por la cual están condenados en el caso de Petrobras dos ex tesoreros y los otrora poderosos ministros José Dirceu y Antonio Palocci.

Lula estuvo ayer respaldando al Movimiento Sin Tierra, que fue blanco de un operativo policial realizado en su escuela rural del estado San Pablo, en la localidad de Guararema. "Tenemos que preocuparnos más por la criminalización de los movimientos sociales. Este proceso se da en un país en el que las instituciones están totalmente desmoralizadas, el país perdió autoridad", dijo el ex presidente.

Hablando de sí mismo, acusado en tres causas diferentes en Lava Jato, Lula manifestó: "Eso es lo de menos. Ya tengo 71 años y un caparazón de tortuga". 

En su alocución, Lula llamó a la formación de un frente de izquierda, lo que configuraría un enorme cambio en el mapa electoral brasileño de cara a las elecciones presidenciales de 2018 en las que él mismo es el favorito en todas las encuestas previas. 

Por lo pronto, dentro de ese mapa, el Partido Democrático Laborista (PDT), heredero del varguismo y que apoyó a Lula y a Rousseff, ha dicho que insistirá en tener un candidato propio para 2018, el ex ministro y ex gobernador de Ceará Ciro Gomes.

El nuevo movimiento tendrá una pata intelectual comandada por el académico Paulo Sergio Pinheiro, ex secretario de Derechos Humanos del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, ex titular de la Comisión de la Verdad creada por Rousseff para investigar a la dictadura y presidente de la Comisión Internacional Independiente de la ONU sobre la Guerra en Siria.

Tèlam