Las obras sociales y prepagas recibirán pasado mañana una buena noticia tras el acuerdo entre Cambiemos, la CGT y el peronismo para aprobar en el Senado -faltará sanción de Diputados- la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), que determinará qué medicamentos y procedimientos quirúrgicos deberán pertenecer "al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y por el Programa Médico Obligatorio (PMO)".

La CGT, que habla el mismo idioma que Macri pese a tironeos varios por el ritmo de la propia política, tomó el proyecto como objetivo primordial para este segundo semestre. Por caso, el líder de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, dejó claro que la falta de una agencia de ese tipo "nos ha llevado a que la Justicia, vía amparos, nos imponga a las obras sociales tener que cubrir por fuera del PMO muchas tecnologías sin la evidencia de su utilidad".

El ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, asistió a la Comisión de Salud del Senado en agosto pasado para destacar que la iniciativa que envió Mauricio Macri para activar a la AGNET forma parte de "procesos a largo plazo que implican pactos, consensos, alianzas estratégicas y amplia participación ciudadana".

Una vez que el texto aterrizó en el Senado, el entendimiento entre Cambiemos y el PJ con la CGT -más alguna consulta a farmacéuticas- involucró a los legisladores Daniel Lovera (pampeano, de origen sindical y quien responde al gobernador Carlos Verna) y al neuquino Guillermo Pereyra (gremialista petrolero).

La dirección y administración de la AGNET estará a cargo de un directorio "integrado por cinco miembros de probada idoneidad en la materia y de reconocido prestigio profesional, uno de los cuales será representante del Consejo Federal de Salud (Cofesa), elegido entre las provincias" que adhieran a la ley.

El Ejecutivo -con guiño de la CGT y el peronismo, que cerraron el acuerdo- designará al presidente, al vice y a tres directores que durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por única vez, por igual período. Ninguno de ellos puede "haber participado patrimonialmente en ninguna entidad o institución dedicada a la venta y/o fabricación de tecnologías de salud, durante los tres años previos a su designación".

La introducción de este tema en la sesión de pasado mañana significará otra frustración para el -ya golpeado y acorralado- ultrakirchnerismo, que presentará un dictamen de minoría impulsado por las legisladoras Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Silvina García Larraburu (Río Negro) y Liliana Fellner (Jujuy).

"Quieren crear una agencia similar a la que funciona en Colombia, donde ahora está privatizado el 99,9% de la salud. Este proyecto es la llave hacia ese destino", se quejan desde el pequeño grupo que aún responde a Cristina de Kirchner.

Además, advierten que la iniciativa va a permitir "la participación de corporaciones de medicamentos" en la definición de qué ingresará o no al PMO, en connivencia con el Gobierno y los gremios, porque "será el Ejecutivo quien nombre los cargos, ya que no harán ninguna audiencia pública". No obstante, reconocen que es necesario "mejorar las tecnologías y los precios de los medicamentos".

Desde el Frente para la Victoria que comanda el rionegrino Miguel Pichetto, no obstante, ya se emitió la orden de acompañar la iniciativa. De hecho, el dictamen de mayoría está firmado por María Laura Leguizamón (Buenos Aires), esposa del empresario y director de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras.

Agencias