La iniciativa obtuvo 43 votos a favor y 15 en contra, estos últimos de legisladores del sector kirchnerista y de la centroizquierda.

En tanto se abstuvieron la representantes del Movimiento Popular Neuquino, Lucila Crexel, y el chubutense del FPV, Juan Mario Pais.

La norma busca desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica.

El Senado aceptó las modificaciones introducidas por Diputados entre las que se destacan mayores controles medioambientales y la responsabilidad del contratista.

Además, aumenta de un 25 a un 33% la obligación de participación de bienes y servicios de origen nacional en los contratos de obra pública. Asimismo, se incorporó la creación de una Comisión Bicameral de control de estos contratos.

El presidente de la Comisión de Infraestructura del Senado, el kirchnerista correntino Carlos Espínola, consideró al proyecto como una "herramienta fundamental para la realización de obras de infraestructura que generarán una reactivación económica".

En tanto, el radical santacruceño Alfredo Martínez calificó como "muy importantes" las modificaciones introducidas en la Cámara baja que fueron "más de treinta". "Es un saludable y buen ejemplo de cómo tratar cada proyecto de ley", destacó Martínez.

En cambio, la peronista puntana Liliana Negre de Alonso se quejó de que el proyecto haya sido modificado en Diputados, argumentando que muchos de los cambios "fueron planteados en el recinto cuando se trató por primera vez en el Senado".

Uno de los que rechazó la iniciativa fue el neuquino Marcelo Fuentes, del FPV, quien sólo expresó su voto negativo porque no creía "en las intenciones de este gobierno", mientras que la santacruceña María Labado aseguró que no se estaban respetando los convenios colectivos de trabajo.

También se opuso el porteño de Proyecto Sur, Fernando Solanas, por considerar que se estaba votando "la ley de la derrota de la política nacional" y vaticinó que "se está ratificando el estado re-bobo que se endeuda y se queda sin defensa ni beneficios, sólo con daños y con deudas".

Además, la Cámara de Senadores aprobó también, sin debate y por unanimidad, la creación de un régimen previsional especial de carácter excepcional para los ex soldados que combatieron en Malvinas y para los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio o apoyo en el Atlántico Sur.

Según la iniciativa, convertida en ley, podrán solicitar el beneficio quienes hayan cumplido los 53 años y hayan aportado durante diez años al Sistema Integrado Previsional Argentino.
La pensión es compatible con el beneficio honorífico que el Estado otorga a los veteranos de la guerra en el Atlántico Sur.

El costo fiscal de la medida alcanza unos 300 millones de pesos anuales para un universo de aproximadamente 2500 veteranos.

DyN