El fiscal emitió un dictamen en el que volvió a sostener que la firma del memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán "tendía a hacer comparecer al proceso (judicial) a los imputados" por el atentado contra la AMIA y no constituyó un delito.
De Luca dio a conocer su dictamen luego de que, la semana pasada, la Cámara de Casación convocara a una audiencia el 19 de diciembre, donde se tratará la reapertura de la denuncia de Nisman contra la expresidente, que ya fue desestimada en dos ocasiones por la Cámara Federal.

Durante la feria judicial de 2015, Nisman denunció ante la justicia federal que aquel memorándum apuntó a darle impunidad a los ciudadanos iraníes sospechados de participar del atentado contra la mutual judía.

"El memorándum tendía a hacer comparecer al proceso a los imputados. Nadie explica, ni me lo puedo imaginar, cómo eso puede ser considerado una ayuda al sospechoso a eludir las investigaciones o a sustraerse a la acción de la justicia o que eso pueda implicar dejar de promover la persecución y represión de delincuentes, o que ello pueda significar una ayuda o socorro a los enemigos de la Nación", sostuvo De Luca.

El fiscal también sostuvo que el avance de la denuncia en los términos que fue planteada podría generar un "precedente gravísimo" del que "no habría vuelta atrás", ya que abriría una puerta para que cualquier Presidente o Canciller sean enjuiciados por actos similares, entre las que citó el ejemplo de "negociaciones comerciales o de explotación de recursos naturales con Gran Bretaña en Malvinas".

"No es posible que unos jueces o fiscales, a pedido de un puñado de personas, sean éstas imputadas, víctimas o representantes de ellas, manejen las relaciones exteriores del país", remarcó el fiscal quien, además, a lo largo de su texto se refirió a la existencia de "presiones" a los jueces que intervinieron en la causa.

El fiscal dejó planteada una vez más su posición con relación a la denuncia y al pedido de la DAIA de ser tenida como querellante aunque nuevamente solicitó que se resuelva "si la DAIA tiene personería para querellarse", algo que pidió en su dictamen anterior, hace dos semanas. 

"No es a mí a quien tienen que aclarar nada (como la DAIA sostiene en un escrito recientemente presentado), sino al proceso, a los jueces y a las contrapartes, porque así lo exige la ley", remarcó el fiscal ante casación.

De Luca también se refirió a los pedidos realizados por la DAIA y sostuvo que la dirección política de la comunidad judía pretende que "se convoque al proceso a prestar testimonio a una serie de personas que en realidad lo harían en carácter de 'opinólogos', sobre las relaciones exteriores de la Nación en este caso concreto y sobre la tipicidad penal de las diversas conductas denunciadas"