La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de emergencia social que contiene el acuerdo firmado entre el gobierno y las organizaciones sociales para apuntalar cooperativas de la economía popular.

La iniciativa aprobada por 227 votos contra uno declara la emergencia social hasta diciembre del 2019 y establece un refuerzo adicional de las partidas en unos 30.000 millones de pesos, para lo cual se autoriza al jefe de Gabinete a hacer las reasignaciones presupuestarias para garantizar los fondos necesarios.

De todos modos se establece que esas reasignaciones presupuestarias no podrán afectar los recursos destinados a los gastos sociales sino que deberán obtenerse de otras partidas que están contempladas en el presupuesto.

El proyecto contó con el respaldo de Cambiemos, el Frente Renovador, el Movimiento Evita, el bloque Justicialista y el Frente para la Victoria-PJ, Progresistas, pero no fue votado por la izquierda, que optó por la abstensión.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), aseguró hoy que el proyecto que declara la emergencia social hasta 2019 “viene a reconocer el duro diagnóstico de los últimos años y a agregar institucionalidad a lo que antes era el conflicto social en las calles, en un marco de diálogo que no existía hasta hoy”.

Laspina agregó que el proyecto de emergencia social “mejora los derechos sociales y las condiciones laborales de los trabajadores de la economía popular” y que “no es una ley en contra de nuestro gobierno sino que ratifica las prórrogas de los últimos años y viene a reconocer un duro diagnóstico”.

Desde el Movimiento Evita, la diputada Lucila De Ponti, destacó hoy la importancia del proyecto que declara la emergencia social hasta 2019 y aseguró que la ley busca “achicar la brecha entre los distintos segmentos de la clase trabajadora”.

De Ponti, de la agrupación que impulsó el proyecto de emergencia social, destacó la necesidad de construir políticas públicas “que nos permitan consolidar nuevos sujetos de derecho”.

Su compañero de bloque, Leonardo Grosso afirmó que el acta firmada entre el Gobierno y las organizaciones populares se convirtió "en la primer paritaria de la economía popular" y calificó de "broche de oro” a la ley que declara la Emergencia Social.

Desde la izquierda, el diputado nacional del FIT, Néstor Pitrola, cuestionó fuertemente hoy el proyecto que declara la emergencia social acordado entre el Gobierno nacional y los movimientos sociales, y dijo que se trata de ”una tregua sin antecedentes”.

Tras anticipar la abstención de esa fuerza a la hora de votar el proyecto, el diputado del FIT advirtió que esa “tregua está coordinada con la CGT”, a la vez que cuestionó la creación del registro de la economía popular contemplado en el proyecto, al sostener que se trata de “un registro de los candidatos a la precarización laboral”.

El secretario general de la CGT y diputado massista, Héctor Daer, aseguró hoy que Macri debe hacerse una autocrítica porque la política que está realizando desde que asumió "aumentó la pobreza" y reivindicó la decisión de la central obrera de incorporar a la agenda la problemática de los trabajadores informales.

Al exponer en el recinto de sesiones en el debate del proyecto que declara la emergencia social, Daer dijo que el problema de la pobreza comenzó a hacerse visible con el plan económico implementado por la dictadura en 1976 "donde un sector de los trabajadores comenzó a quedar al margen de la economía, y esto se fue profundizando, pero hizo eclosión en el 2001 donde fue fundamental el trabajo de las organizaciones sociales".

El proyecto tiene como objeto "promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional".

Además dispone la creación del "Consejo de la Economía Popular y el Salario Social", que estará integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda, y tres de las organizaciones sociales que estén inscriptas en el registro respectivo.

Asimismo, establece la creación de un Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP) “a los efectos de la inscripción de los trabajadores de la Economía Popular que serán alcanzados por los beneficios del Registro”.

De acuerdo al proyecto, los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario.
Agencias