La cartera de Transporte anunció la semana pasada el llamado a licitación para la construcción del nuevo Puerto Itá Ibaté, ubicado a 154 kilómetros de la ciudad de Corrientes y que será financiado íntegramente por el Estado Nacional a partir de un presupuesto oficial de $ 331 millones. La obra se convertirá en el primer puerto financiado por el Estado en 20 años.

La construcción generará 130 empleos nuevos y se estima estarán finalizadas a mediados del 2018.

Así, la autopista marítima que se convirtió en el eje central de las exportaciones de agroalimentarias de la Argentina y donde se concentró la mayor inversión privada de puertos y por donde se movilizaron en los primeros nueve meses del año entre 56 y 65 millones de toneladas, tendrá una nueva terminal aguas arriba.
El Ministerio de Transporte destacó que esa terminal "responde a uno de los ejes estratégicos de la gestión del actual gobierno provincial, que consiste en mejorar la competitividad de la actividad productiva en la provincia".
Según explica la Resolución 525 del ministerio que comanda Guillermo Dietrich la construcción del nuevo puerto "tiene por objeto el embarque de arroz a granel y el movimiento de contenedores, con la posibilidad de incorporar otras cargas en un futuro, tales como los productos de madera".

El emprendimiento apunta a "desarrollar la producción regional de arroz, cereales alternativos y de la actividad forestal, favoreciendo la reducción de los costos por el uso del transporte por agua". Aún falta definir la fecha de la licitación que será por el sistema de ajuste alzado y unidad de medida.

La temática portuaria esta presente desde los comienzos de la gestión de Macri, al extremo que en su primer viaje a Uruguay llevó como "presente" una resolución que ponía fin a la controversia que no permitía el uso del puerto de Montevideo para la carga con destino a la Argentina.

Tanto es que la Cámara de Puerto Privados Comerciales dijo que el 2016 "fue positivo" y resaltó medidas del Ministerio de Transporte para reducir los costos portuarios y tener una mayor competitividad. "Resulta importante el compromiso del Gobierno para analizar y producir acciones para que los puertos argentinos constituyan una solución, y no un problema" dijo Luis Zubizarreta, titular de la CPPC.

La institución señaló que la eliminación del certificado de Transporte Argentino Protegido (TAP) se tradujo en una reducción del 15% en los costos portuarios del tráfico de contenedores, la derogación de la disposición 1108 que prohibía los transbordos de mercaderías en los puertos de Uruguay, la disminución de los costos de practicaje (El practicaje es el servicio de asesoramiento a capitanes de buques para facilitar su entrada y salida y las maniobras náuticas dentro de los límites geográficos de la zona en condiciones de seguri dad) que comenzaría en abril, la merma del costo en dólares de los remolcadores, en el peaje del Puerto de Bahía Blanca, en el estibaje, desestibaje de barcazas y el uso de palas mecánicas en Puerto General San Martín en Santa Fe.

Los cálculos de la cámara indican que el ahorro proporcionado por el conjunto de esas medidas redujo el denominado "costo argentino" en 5% por cada buque.