El Poder Ejecutivo vetó la ley 27.335 para la detección temprana de la trombofilia, un trastorno que afecta sobre todo a las mujeres en el curso de su embarazo, y que causa riesgos y complicaciones gestacionales como abortos.

Según los argumentos del Decreto 1281/2016, publicado este lunes en el Boletín Oficial, los argumentos para anular la norma se basan en que “existe consenso científico y técnico de los aspectos negativos del proyecto de ley sancionado”.

Para el PEN, “declarar de interés nacional la protección integral psicofísica de las personas portadoras de trombofilia en todas sus formas, así como la creación del referido Programa, se justificaría en el caso de tratarse de una patología desconocida y/o no correctamente diagnosticada”.

En este sentido, justifica que “en este caso existe amplio conocimiento de los profesionales médicos (ginecólogos, obstetras y hematólogos), tanto de la metodología de estudio y tratamiento de personas con antecedentes de trombosis, como del contexto de la investigación causal de pérdidas de embarazos”.

“Asimismo, existen guías y consensos científicos ampliamente difundidos a nivel nacional e internacional”, agrega el decreto que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Salud, Jorge Lemus.

El Gobierno también menciona que la cobertura “de los métodos de diagnóstico y tratamiento de la trombofilia, en los casos debidamente justificados por el médico tratante, está asegurada por el Programa Médico Obligatorio (PMO)”.

“El estudio temprano, aun en edad pre fértil y fértil en mujeres asintomáticas, no solo no se encuentra recomendado por entidades científicas nacionales e internacionales, sino que está expresamente desaconsejado”, afirma.

Finalmente, el Ejecutivo señala que asociaciones científicas como “la Sociedad Argentina de Hematología (SAH) y el Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis (CAHT), coincidente con el Ministerio de Salud”, coinciden los “aspectos negativos” que tiene la norma.

La ley fue sancionada por unanimidad el pasado 23 de noviembre en el Senado. Había recibido media sanción de Diputados en 2015.