“Si un narcotraficante cumplió su condena en su país, no tiene pedido de captura de Interpol y llega a Ezeiza, hoy no tenemos manera de saber su prontuario y, por lo tanto, ingresa”. La frase, que lanza el director de Migraciones Horacio García, en el reportaje que acompaña esta nota, grafica en buena parte por qué el Gobierno busca endurecer su política migratoria. Más allá de fortalecer los controles en la frontera para combatir la ilegalidad, la principal preocupación de la Casa Rosada se centra en la “mano de obra” del narcotráfico que, a partir de la escasez de información, puede entrar a la Argentina de forma legal, sin impedimentos. Por eso, la intención es acelerar la firma de convenios de intercambio de base de datos con países de América Latina. Y, aunque nadie se animará a decirlo en voz alta para no herir susceptibilidades, hay tres que son prioridad: Colombia, México y Perú. Al Gobierno le preocupa en particular el ingreso de inmigrantes con antecedentes penales desde estos tres países.

Tal como anticipó Clarín el fin de semana, la intención es restringir el ingreso al país a extranjeros con prontuario delictivo. Esto implica acceder a información judicial de otros países y -estar en condiciones de- ofrecer lo mismo a la contraparte.

“Una persona que tiene antecedentes en su país, no puede entrar a la Argentina. Por eso queremos tener una base de datos para poder analizar quién es el que llega, especialmente con aquellos países cuyo volumen de migración es importante”, precisó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en diálogo con este diario.

Fue en la misma línea con lo que expuso la canciller Susana Malcorra, que instó a “acoger a aquellos que vienen a ser parte de un proyecto con buena voluntad”. Con Malcorra, Bullrich comparte el “Gabinete Nacional del Programa Siria”, donde confluyen también los ministros Rogelio Frigerio (Interior), Carolina Stanley (Desarrollo Social), Esteban Bullrich (Educación), Germán Garavano (Justicia) y el secretario de Cultura, Iván Petrella; entre otros. Allí, además de la problemática de los refugiados sirios, se trabaja en un borrador con ideas para reforzar los controles migratorios.

“El delito migra -agrega la ministra Bullrich- y cuando en un lugar no puede estar, se va para otro lado. Lo que queremos es impedir que esa inmigración sea para acá. Hoy, si no hay una medida de Interpol, no sabemos quién viene”.
El intercambio no sólo apunta a controlar que quien busca ingresar al país no tenga antecedentes, sino además para constatar su existencia. El fantasma de los documentos y pasaportes falsos aún sigue vigente pese al avance de la tecnología. “Necesitamos tener la identidad fehaciente de las personas que vienen, para saber que quien entra es quien dice ser”, apunta Bullrich. Y simplifica su explicación: “Queremos saber si ‘Juan Pérez’, con ese número de documento, existe en su país, si es ciudadano. Si no existe, es que tiene una identidad fraguada. Y es obvio que no va a tener prontuario”. Así de vulnerable se presenta actualmente el territorio argentino.

Advertidos de que se trata de un año de campaña electoral, en el Gobierno reclaman no desviar la discusión. Y juran que las precauciones que quieren tomar no responden a xenofobia, que no se trata de “ideología” sino de “controles inteligentes”. Y ponen como ejemplo una experiencia “exitosa” de España. Señalan que intensificó los controles migratorios y, a partir de convenios de intercambio de base de datos con Registros de las Personas de distintos países, detectó la presencia de “miles” de inmigrantes “legales” que habían logrado entrar con documentos fraguados. Muchos, dicen, tenían vínculos con el narcotráfico. Y ahí es dónde se pondrá el foco: confiesan que miran “con atención” algunos “casos sospechosos” de inmigrantes provenientes de países azotados por el narcotráfico que se instalaron cerca de los pasos fronterizos.

“No tenemos problemas en recibir estudiantes o personas que quieran venir al país, pero no queremos que gente que realiza actividades delictivas en sus países luego venga para acá. Tenemos que dejar de ser un colador”, enfatizan en el Gobierno.

En simultáneo con las negociaciones con los países de la región, en Balcarce 50 evalúan si los cambios se implementarán a través de un proyecto de ley o vía decreto del Presidente. Incluso, hay quienes dicen que basta con aplicar el inciso C del artículo 29 de la ley 25.871, de Migraciones, que establece como causal para impedir el ingreso a haber sido “condenado” o tener “antecedentes” por delitos graves o aquel “que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más”. Pero, para eso, hay que tener la información.

Desde algunos sectores de la oposición critican a los funcionarios, advierten que ya existen las normas para un mayor control y vinculan la intención oficial con la campaña. Ayer, desde Roma, también el Papa se refirió al tema:fue para pedir que se cuide a los niños migrantes. Se enfocaba sobre todo en Europa.