El Gobierno debe definir en los próximos días, y antes que termine febrero, una cuestión clave en su relación con el Poder Judicial: cuánto cobrarán los nuevos jueces y secretarios de juzgado que sean nombrados este año, luego de la eliminación de la exención del Impuesto a las Ganancias. Según la nueva legislación, los nuevos magistrados y empleados judiciales, deberán pagar el tributo desde este mismo año. El problema que debe resolver el Gobierno es si el salario en mano de los nuevos funcionarios deberá ser igual al de sus colegas nombrados desde 2016 hacia atrás y que continuarán con el beneficio, o si se respetará el salario en bruto actual. Si se tomara este último criterio, los nuevos jueces y secretarios cobrarían menos que los anteriores. Si, por el contrario, se les respetara el poder de compra real a los funcionarios, nominalmente los sueldos brutos de los magistrados aumentarían, y la Justicia debería reclamarle más dinero al Poder Ejecutivo para liquidar los nuevos salarios. 

El problema será uno de los primeros capítulos que tendrá que negociar el nuevo administrador general del Poder Judicial, Agustín Cinto, que fue nombrado ayer por el Consejo de la Magistratura de la Nación, en reemplazo de Juan Carlos Cubría. Este nuevo funcionario tiene a su cargo la elaboración y ejecución del presupuesto del Poder Judicial. Es entonces el encargado de definir los salarios de los nuevos jueces y secretarios, a partir del presupuesto que le aprobó el Congreso a comienzos de diciembre pasado. Esto es, antes de la reforma de Ganancias. El problema que tiene Cinto es que el dinero que le avaló el Poder Legislativo estuvo diseñado a partir de los fondos que necesitaba con el esquema salarial anterior a los cambios en Ganancias, con lo que no tendrá dinero para subir nominalmente el dinero de los sueldos de los nuevos jueces. En otras palabras, los nuevos funcionarios tendrían que cobrar, en bruto, lo mismo que sus colegas anteriores, con la diferencia que ahora sí deberían pagar Ganancias. Para empeorar la situación, y por el nivel de salarios que tienen los jueces en el país, todos ingresarían en las categorías superiores del tributo, con lo que se les descontarían mensualmente un 35% de su salario nominal. En conclusión, los nuevos jueces y secretarios, si primara este criterio, cobrarían un 35% menos que sus colegas nombrados hacia atrás del 31 de diciembre. Se trata, en general, de funcionarios con salarios que en promedio superan los 100.000 pesos brutos por mes. 

Desde el mundo judicial se asegura que si se aplicara esta visión, se avalaría una injusticia; con lo que sería tarea de Cinto pelear ante el Ejecutivo una suba nominal en los salarios, lo que implicaría un aumento en los fondos ya presupuestados hacia el Poder Judicial. La visión que tiene el Ministerio de Hacienda sobre el problema es diferente. Se considera que es imposible aumentar los presupuestos, y que la legalidad impone que deberán aceptar los jueces un salario menor a sus colegas. El problema fue ahora derivado al Ministerio de Justicia de Germán Garavano, que debería ser quien le comunique a Cinto la decisión. Éste, a su vez, deberá apurarse a tener una respuesta, ya que la próxima semana comenzarán a nombrarse los nuevos funcionarios a los cuales se les deberá definir su salario. 

Se menciona en Hacienda un antecedente a favor de la posición de una reducción salarial. Fue cuando el Poder Legislativo comenzó a pagar Ganancias desde la reforma del impuesto de 1996, y se reglamentó que los salarios nominales de los legisladores no se cambien. Esto produjo que los nuevos diputados y senadores tuvieran salarios reales menores que los de sus colegas. Sin embargo, se afirmaba en voz baja en esos años que el sueldo se les fue completando con aportes extras vía "gastos de representación", que con el tiempo, y a la vez que los viejos legisladores iban dejando ambas cámaras, se fueron licuando. 

En la misma reforma del 96 también habían sido incluidos los jueces. Sin embargo, a través de la Acordada 20 de ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia consideró que la norma era "inconstitucional" porque todos los jueces debían estar exentos del pago de Ganancias para garantizar la intangibilidad de sus haberes y la independencia de criterio. En diciembre del año pasado la situación cambió, ya que la Corte, a través del comunicado oficial del 21 de diciembre de ese mes, el Centro de Información Judicial (CIJ) publicó un informe de la Secretaría de Administración de la Corte sobre la situación de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial frente a la ley de reforma de Ganancias cuyo tratamiento, en estos días, inminente en el Congreso. En el mundo judicial se tomó el comunicado firmado por el propio presidente del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, como un aval jurídico a la nueva norma.