El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó formalmente al presidente Mauricio Macri, al ministro de Comunicaciones de la Nación Oscar Aguad y al director de Asuntos Jurídicos de ese ministerio Juan Manuel Mocoroa en el marco de las denuncias penales que se hicieron por supuestos delitos por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino.

El funcionario judicial solicitó una serie de allanamientos y ahora el juez Ariel Lijo debe autorizar las medidas.

En un dictamen  el fiscal impulsó la acción penal con el objeto de iniciar una investigación para "corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal" tramitado en el expediente sobre el concurso del Correo.
Según trascendió, el fiscal ya le pidió al juez Ariel Lijo las primeras medidas de prueba para investigar el acuerdo alcanzado. La acción penal fue impuesta a raíz de dos denuncias que llegaron a los tribunales de Comodoro Py. Una fue impulsada por la agrupación Nuevo Encuentro -encabezada por el kirchnerista Martín Sabatella-, y otra presentada por un abogado particular.

Esta medida judicial se da horas después de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reclamara en una conferencia de prensa que esperaban una audiencia de carácter "urgente" con la Cámara Federal para abordar el convenio que realizó el Estado con el Grupo Macri.

Además adelantó la solicitud que el Estado le hará a la Auditoría General de la Nación (AGN) para que elabore un “documento técnico” sobre un acuerdo integral donde se sume las demandas de los acreedores y la ex empresa concesionaria -SOCMA-. Peña aseguró: "Para evitar cualquier tipo de dudas sobre la posibilidad de conflicto de intereses, que nosotros no creemos que haya existido, el Estado le solicitará a la AGN que dé un veredicto técnico antes de suscribir una postura definitiva".

Además de la denuncia que derivó en la imputación de Macri, hay más acusaciones que también están en tribunales a la espera de una decisión judicial. Una de ellas que provino por parte del kirchnerismo y que recayó en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral. Mientras que otra fue presentada por la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) y se encuentra en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi.

Agencias