El deseo del presidente Mauricio Macri de volver a "foja cero" el expediente del concurso de acreedores del Correo Argentino no será posible. La causa tiene 102 cuerpos de expedientes, es decir más de 22 mil fojas, como dicen los jueces, acumuladas desde principios del la década pasada y hoy en manos de la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Las juezas de ese tribunal, entre las que se encuentra la nueva presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, tenían pendiente de homologación el cuestionado acuerdo alcanzado por la firma concesionada a la familia del Presidente pero ahora aguardarán la nueva presentación que haga el abogado Juan Mocoroa, en nombre del Ministerio de Comunicaciones, según dijeron fuentes judiciales.

Esta semana ingresó un escrito al expediente, presentado por el abogado del Correo, Jaime Kleidermacher, que ayer comenzó a ser analizado por las juezas de la sala B, según dijeron las fuentes consultadas .

Las mismas fuentes explicaron que, a partir de lo dicho ayer por el Presidente en conferencia de prensa, en la causa se deberá hacer y presentar lo que técnicamente se denomina una "mejora de propuesta". Esto implica una nueva oferta de pago lejana de las críticas que despertó las condiciones que había aceptado el Estado.

En principio, de acuerdo con fuentes gubernamentales, el abogado del Ministerio de Comunicaciones que había aceptado la propuesta del Correo en nombre del Estado, Juan Mocoroa, presentaría hoy un escrito en el que retiraría el acuerdo al que había accedido en junio pasado.

"Lo del Correo nunca se llegó a concretar, nadie pagó, nadie condonó, está en una instancia judicial. La SIGEN hubiera actuado si el ministro hubiera llegado a terminar. No terminó. No hay hecho consumado", expresó ayer Macri en la conferencia de prensa brindada por la tarde en la Casa Rosada.

La afirmación del Presidente tiene que ver con que el polémico acuerdo cuestionado por la fiscal Gabriela Boquin todavía no fue homologado por la sala B de la Cámara Comercial. Fuentes judiciales destacaron que la fiscal se tomó casi un semestre para emitir su dictamen, firmado en diciembre y difundido la semana pasada por la página de Internet fiscales.gob.ar, dependiente de la Procuración General de la Nación. Boquin sucedió en ese cargo, fiscal general ante la Cámara en lo Comercial, a la actual jefa de todos los fiscales y titular de la Procuración General de la Nación, la cuestionada Alejandra Gils Carbó.

En coincidencia con lo afirmado por el Presidente, el abogado del Correo sostuvo ayer que "hasta que el acuerdo no resulte homologado no existe como tal". Lo cual reafirma la posibilidad mencionada por fuentes gubernamentales de que el abogado del ministerio encabezado por el cordobés Oscar Aguad se presente hoy a retirar el acuerdo del Gobierno a la propuesta de la firma estatal concesionada en los 90 a la actual familia presidencial. 

"Entiendo que se puede volver para atrás", dijo ayer Kleidermacher, el abogado del Correo, al ser consultado por "Radio con vos" sobre los dichos de Macri en la conferencia de prensa.

"Se pueden encontrar mecanismos para mejorar la relación entre deudor y acreedores. Ayer (por el miércoles) presentamos un escrito en el que pedimos una nueva audiencia pública con intervención de todas las partes", añadió el abogado del Correo en referencia a los más de 600 acreedores que tiene la firma concursada y reestatizada por el kirchnerismo tras su privatización durante el menemismo. 

La jueza María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, miembro de la sala B de la Cámara Comercial y titular de la Asociación de Magistrados, entre los miebros de la Corte RIcardo Lorenzetti y Elena Highton.

Ese escrito es justamente el que analizan las juezas de la sala B de la Cámara Comercial, Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Isabel Piaggi, y a partir del cual, luego de la presentación que hará el abogado del Ministerio de Comunicaciones, podría llegar a alcanzarse un nuevo acuerdo. Lo extravagante es que el Estado ya había prestado conformidad a la propuesta de pago tan cuestionada.