Preocupado por el impacto que causó la polémica por el convenio que firmó el Estado con el Grupo Socma por la deuda del Correo Argentino, Mauricio Macri ordenó avanzar con una serie de decretos para establecer un protocolo de actuación ante casos en los que intervengan familiares de funcionarios y, eventualmente, se puedan producir conflictos de intereses.

En la letra de al menos dos decretos trabajan el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el procurador del Tesoro, Carlos Balbín; y el síndico general de la Nación, Ignacio Rial. Esa mesa de trabajo, que tuvo su primera reunión el viernes, tiene planeado hacer consultas técnicas a la Oficina Anticorrupción, a la Auditoría General de la Nación, a especialistas y ONGs. Y también al Congreso, aunque -al menos por ahora- no está previsto el envío de un proyecto de ley.

La idea, explicaron a altas fuentes oficiales, "es imponer más controles" para "garantizar la transparencia" de todos los procesos. No sólo en los juicios contra el Estado sino también en las compras y contratos. Por eso, el trabajo se dividirá en dos: "Litigios y Juicios con el Estado" y "Contrataciones y Licitaciones". "La intención es crear nuevos estándares y reglas para juicios y contrataciones donde estén involucrados familiares de los presidentes y funcionarios", agregaron. 

La medida había sido anticipada por el Presidente el jueves, en la conferencia de prensa, cuando adelantó que le pediría a su equipo que “fije un sistema por si hay futuros conflictos similares, para que quede claro cómo se va a resolver”. En Casa Rosada un funcionario importante se animó a bautizar al nuevo protocolo:"El fuero Macri".

Aunque el Presidente tiene, lógicamente, la última palabra, en el Gobierno hay quienes no están convencidos de la necesidad de universalizar medidas especiales. Admiten que puede ser un buen gesto hacia la sociedad, pero exponen, en cambio, que puede resultar injusto para familiares de funcionarios imponer requisitos adicionales. "¿Por qué un pariente lejano se tiene que hacer cargo de que yo elegí la función pública?", planteó un secretario de Estado ante este diario. En este sentido, hay quienes señalan específicamente la necesidad de acotar al máximo los grados de consaguinidad. ¿Alcanzarán los decretos para regular la intervención del Estado cuando intervenga, por ejemplo, un primo (4° grado de consaguinidad) del Presidente, como el empresario Angelo Calcaterra?

Lo seguro es que el Gobierno no podrá fijar protocolos para evitar controversias, a partir de casos de afinidad personal, como puede surgir con el amigo de toda la vida, Nicolás Caputo, o con el empresario inglés Joseph Lewis, apuntado por impedir el acceso al Lago Escondido. O por afinidad profesional, en los casos de los vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana con los sectores aeronáuticos y farmacéuticos, respectivamente.

Y ahí se presenta la encerrona para el Gobierno. Es que, tal como reveló este diario esta semana, en Balcarce 50 se encendió una luz de alarma respecto a la posibilidad de que el caso del Correo reavive el estigma de que Macri adopta medidas para favorecer a los ricos y de que afecte su credibilidad. Algo de eso quedó en evidencia de las palabras del jefe de Estado: "Necesito que sigamos teniendo esta relación de confianza que hemos construido. No puedo permitir que alguien venga a poner en duda cuál es mi compromiso con los argentinos", dijo el viernes el Presidente a telocuento.com.ar, un medio local de San Luis que logró hasta el momento sacarle la única declaración sobre el Correo luego de la conferencia de prensa en la que anunció su decisión de instruir a sus funcionarios a dejar sin efecto el acuerdo, presentación de la que se encargará mañana Juan Mocoroa, el abogado del Ministerio de Comunicaciones dirigido por Oscar Aguad.

La intención del Gobierno es avanzar "lo antes posible" con el protocolo, a sabiendas de que, por el pasado empresario del Presidente y el de su padre, la situación se puede repetir. Por eso, al mismo tiempo, cerca de Macri también confeccionan un listado de casos similares que se pueden presentar con empresas de su familia. "No nos puede volver a suceder lo del Correo", reflexionó en diálogo con este diario un funcionario que estuvo al tanto de la tensión que ocasionó el tema. Al parecer, en las encuestas se comienza a reflejar que ya no alcanza con dar marcha atrás en las decisiones.  

FuenteIgnacio Ortelli