Cambio de estrategia. En lugar de priorizar la disminución de subsidios y achicar el gasto público, el Gobierno decidió desactivar un potencial brote inflacionario en abril, donde iban a confluir una serie de aumentos tarifarios. Por esa razón, frenó el incremento en los pasajes de trenes y colectivos -que estaba previsto para el mes próximo- hasta nuevo aviso. Además, el Poder Ejecutivo postergó y aminoró las subas en los servicios de agua y gas, mientras que aplicó el de luz en dos tramos.

Con la inflación de febrero por arriba de los índices que quería el Poder Ejecutivo, los objetivos políticos del Gobierno y sus necesidades electorales parecen haberse impuesto frente a la moderación en el gasto. La determinación de acrecentar los subsidios al transporte y no bajarlos en los servicios muestran que el Poder Ejecutivo ensaya un giro. Cambiemos prefiere ganar las elecciones aún a cuestas de sacrificar algunos principios de su doctrina económica.

Mientras se trata de ponerle un techo de 18% a la discusión paritaria para empleados estatales y la CGT amenanza con un paro, tres ministerios del Poder Ejecutivo movieron el timón en relación a los aumentos tarifarios. El principal cambio vino por el lado del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. El funcionario afirmó ayer que no habrá "aumentos" en los pasajes de colectivos y trenes que circulan en Buenos Aires y el conurbano. La previsión inicial del Gobierno era quitar subsidios (con un consecuente aumento para los usuarios) durante el mes próximo, tal como lo señala el Presupuesto que le aprobó el Congreso.

La resolución de no subir las tarifas del transporte es la de mayor costo fiscal: son $ 800 millones mensuales más de subsidios estatales. Mientras que las modificaciones sobre agua y gas afectan mayormente a la clase media, las alteraciones en trenes y colectivos iban a pegar sobretodo en los sectores de menores ingresos. Allí, el Gobierno quiere mostrarse prudente y decidió cuidar el bolsillo de los millones de pasajeros que se mueven en transporte público. La medida apunta a contrarrestar las acusaciones de "insensibilidad" por parte de dirigentes sindicales y la oposición.

En Transporte aseguraron que habrá un incremento este año, pero declinaron especificar la fecha. Los pasos para llegar a una audiencia pública que permita concretar esa suba quedarían para fines de abril. El aumento podría estar para mayo. Pero el Gobierno tomó nota del descontento de las últimas semanas y archivó ese aumento hasta nuevo aviso.

En agua, el Gobierno también tuvo que cambiar de planes. La suba estaba pactada para el 1° de marzo, pero no se aplicó porque el Ente Regulador de Aguas y Saneamiento (ERAS) la rechazó. Eso obligó a Aysa, la prestadora que depende del ministerio del Interior, a convocar a una audiencia pública para el próximo 6 de abril.

Además, la propuesta original contemplaba un aumento del 22% al 63% -que fue adelantada por Clarín-, mientras que la versión revisada establece alzas del 23% al 50%. La quita de subsidios será menor de la pactada.

En gas también hubo modificaciones. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, adelantó antes de ayer que la suba en las boletas de ese servicio -también prevista para abril- se modificaba para ser "partida" en tres partes: una cuota en abril, otra en octubre/noviembre y la siguiente en abril de 2018.

El Gobierno avanzará hoy, también a través de una audiencia pública, con el precio del gas "en boca de pozo", que es uno de los principales factores en el rojo energético. Pero la suba pedida por las empresas distribuidoras (de 32% a 71%) no les será concedida en un tramo. En el Ejecutivo saben que eso generará resquemor entre las empresas, pero no les importa. Quieren que en las encuestas dejen de señalarlos como "defensores de los empresarios".

En la luz, el Gobierno aplicó un incremento promedio del 79%, pero lo dividió entre febrero y marzo, para que la factura del último mes del verano no resulte tan abultada.