Es Suteba, el más grande del distrito. Ayer terminó el paro nacional de dos días y para el martes y miércoles que viene ya está anunciada otra huelga en todo el país.

Sin respiro, no hay sosiego en las escuelas bonaerenses. Mientras hoy vuelven las clases en todo el país, después de las protestas callejeras y el paro de 48 horas que realizaron los gremios para pedir por la paritaria a nivel nacional y el aumento de sueldos, en la Provincia, Suteba dispuso otra huelga para hoy. Esta semana, ese sindicato convocó a cinco medidas de fuerza, aunque desde el miércoles el otro gremio masivo de educadores estatales –la FEB- acompaña los reclamos pero con presencia de maestros en las aulas.

Asi termina una semana bien compleja para el sistema educativo, pero que resulta el preludio de otra que tampoco será sencilla: las entidades nacionales ya convocaron a una marcha federal y más manifestaciones para el martes y miércoles de la semana próxima. Los bonaerenses adelantaron que acompañarán ese programa de acciones en reclamo del llamado a la paritaria nacional y por un incremento salarial de 35% para 2017.

En Buenos Aires, de 10 días hábiles que se cuentan desde el comienzo “formal” del ciclo lectivo, sólo hubo una jornada con actividad plena. Ayer, los principales sindicatos de maestros estatales –FEB, Suteba y Udocba- se negaron a concurrir a la conciliación obligatoria que llamó el ministerio de Trabajo y la negociación continúa estancada. En una reunión acotada, a la que asistieron los minoritarios Soeme, Amet y UPCN (con pocos afiliados en los colegios) el gobierno aceptó “abrir las mesas de discusión técnica salarial”, y volvió a llamar para el lunes. Siempre bajo el paraguas de la conciliación, que los otros sectores rechazan y cuestionan ante la Justicia.

Antes por las calles de La Plata, los seis gremios concretaron una marcha hasta la Gobernación y rechazaron las medidas que anunció el miércoles la gobernadora María Eugenia Vidal: el pago de 1000 pesos para quienes asistieron a clases todos los días y un plus salarial de entre 1.500 y 3750 pesos por cargo, como anticipo a cuenta de futuros aumentos.

Desde el escenario levantado de espaldas a la Casa de Gobierno y frente a una manifestación de más de 15.000 trabajadores (también asistieron médicos, judiciales y estatales) los máximos responsables gremiales desafiaron la decisión oficial. “No queremos desestabilizar a nadie. Ellos desestabilizan la vida de los docentes. No nos van a quebrar, no nos van a vencer”, aseguró el líder de Suteba, Roberto Baradel. El dirigente está apuntado por las autoridades por “defender intereses políticos” y por su filiación kirchnerista.

En el centro porteño también movilizaron para pedir el cierre del acuerdo paritario con el gobierno de la Ciudad. La inasistencia en los establecimientos de todo el país tuvo impacto diverso. Y la medida alcanzó también a las provincias (14 en total) que ya finalizaron la negociación con los gobiernos. Lo hicieron por “solidaridad” con quienes aún están empantanados en la disputa por el incremento para este año.

Los oradores coincidieron en que la bonificación ofrecida por Vidal es una “humillación” para los maestros. “El gobierno está acostumbrado a que todo se vende y todo se compra. Pero la dignidad de los trabajadores no se vende”, se quejó el responsable de Suteba. Los docentes “no podemos estar debajo de la línea de pobreza”, se quejó Mirta Petrocini, presidente de FEB. Esa entidad –que no adhirió a la huelga de dos días que terminó ayer y tampoco la que empieza hoy- participó de la movilización y sus directivos anticiparon que “continuarán unidos en el plan de lucha”. Los mecanismos de ese apoyo se decidirán en un congreso de delegados que sesionará esta mañana en La Plata.

“¿Cuántos días de clases tuvo tu hijo?”. Como en una tómbola, la respuesta puede ser 2, 4, 6 o ninguno. Es una conversación habitual entre padres que se cruzan en las puertas de escuelas de las ciudades bonaerenses. El conflicto se extendió demasiado para sostener la contundencia de los paros. En ese diagnóstico coinciden funcionarios y gremialistas (en voz baja) cuando miran los últimos 10 días de tensión que empezaron justo en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo.

En el medio quedaron las propuestas rechazadas y los cruces filosos entre las partes en disputa. La decisión oficial de pagar un adelanto y también las controversias judiciales sobre la validez de la conciliación obligatoria. Un ariete clave en este plano de la controversia fue el juez Luis Arias, quien en un dictamen expres avaló el pedido gremial de suspender ese instrumento usado por el Ejecutivo para intentar un freno a las medidas de fuerza. Ayer, el diputado provincial Guillermo Castello (Cambiemos) pidió que se inicie un procedimiento de juicio político contra el magistrado. Argumenta que Arias firmó una solicitada de actores y políticos que cuestionaban a Vidal y a Macri. “Un magistrado no puede tener manifiesta animosidad contra las autoridades instituidas”, dijo.
Fuente:Fabiàn Debesa