Con la firma de tres de sus cinco integrantes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revirtió hoy lo que el propio tribunal había dicho casi dos décadas atrás, con otros miembros, y convalidó la cláusula de la reforma constitucional de 1994 que establece que todos los jueces necesitan de una ratificación del Senado para seguir en sus cargos al cumplir los 75 años de edad.

La decisión fue tomada en el marco de una causa iniciada por el camarista federal de La Plata Leopoldo Schiffrin, que ahora, al igual que otros 70 u 80 magistrados, según estimaron fuentes judiciales, deberá necesitar de una ratificación del Senado para seguir en el cargo.

Las mismas fuentes aclararon que lo dispuesto hoy por la Corte no alcanza a uno de sus integrantes, la jueza Elena Highton, que alcanzará esa edad a fin de año pero ya obtuvo un fallo favorable a su favor en la primera instancia del fuero Contencioso Administrativo y que se se encuentra firme porque no fue apelado por los abogados del Estado.

Por esa situación, Highton se excusó de intervenir en el caso Schiffrin. El voto mayoritario en un fallo de 118 carillas difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ) fue rubricado por el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y otros dos jueces que formaron parte de la convención constituyente que incluyó esa polémica cláusula en la Constitución, el cordobés Juan Carlos Maqueda y el santafesino Horacio Rosatti. El quinto miembro del tribunal, Carlos Rosenkrantz, votó por la inconstitucionalidad de la reforma en lo que a esa cláusula atañe.

El voto mayoritario del máximo tribunal aclaró que la decisión tomada hoy no afecta "la validez de las actuaciones cumplidas" por Schiffrin "hasta la publicidad de este pronunciamiento". El asunto es que no está reglamentado cómo sigue el asunto para los jueces como él que superaron los 75 años y pretenden seguir en el cargo.

Se supone que son los propios afectados los que deben dirigirse al Poder Ejecutivo para que remita nuevamente sus pliegos al Senado para la ratificación. Y, al estar vigente el decreto 222/03 del entonces presidente Néstor Kirchner, se abre un proceso de impugnaciones o adhesiones.

Las fuentes aclararon que los jueces que tienen sentencia firme favorable en los amparos o acciones declarativas que le pidieron a la Justicia para permanecer en los cargos seguirán en los mismos sin necesidad de ser ratificados. Tal sería el caso, además de Highton, de, por ejemplo, la jueza federal María Servini, con competencia electoral en la Capital Federal. Agencias