La CGT opositora, de Hugo Moyano, evitó ayer ponerle fecha a una huelga nacional con otras centrales disidentes, y en el entorno del camionero admitieron que será improbable ponerla en ejecución durante agosto. Mientras tanto, la premisa será sostener la presión por gremios de manera individual, y sólo coordinarla una vez definida la cuestión del juicio en Nueva York por la deuda impaga.

Moyano reunió ayer el consejo directivo de su central obrera y, más allá de fijar un cronograma de próximos encuentros sindicales, no pasó de la amenaza verbal al Gobierno. Dijo que si no "brinda respuestas" ante las demandas por Ganancias habrá "medidas de fuerza muy firmes". Su CGT realizará en los próximos días un plenario de presidentes de obras sociales para analizar un alegado ahogo financiero de esas entidades, y otro de regionales de la central sindical para evaluar la fecha de un paro.

Sin embargo, en los encuentros reservados de la "mesa chica" de la organización, los dirigentes admitieron la imposibilidad de cumplir con la advertencia de Moyano de una huelga nacional durante la primera quincena de agosto, como dijo incluso el pasado fin de semana. Las razones son dos: por un lado, la hegemonía de la causa buitre sobre toda la agenda política y económica de la Argentina. Por otro, el camionero prefiere contar para una eventual protesta nacional con los gremios de los colectiveros (UTA) y de maquinistas de trenes (La Fraternidad), que avisaron que no apoyarán un paro el mes que viene.

El escenario no es muy distinto en la CGT de Antonio Caló. El agobio en algunos gremios por el Impacto de Ganancias es cada vez más visible y crece al compás de la falta de respuesta por parte del Ejecutivo. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se había comprometido a recibir a la cúpula de la central esta semana, lo que hasta ayer no se había producido. Claro que ningún dirigente esperaba concretar ese encuentro antes de hoy, fecha en la que debería quedar definido si la Argentina entrará o no en cesación de pagos.

Aunque enfrentadas en lo político y distanciadas en la metodología, en ambas versiones mayoritarias de la CGT la decisión fue la misma: que las protestas en contra del impuesto corran por cuenta de gremios puntuales y no tengan, de momento, carácter colectivo. En esa línea se inscriben las últimas medidas de fuerza adoptadas por la Asociación Bancaria (ver recuadro) o el paro de ayer de la federación de sindicatos marítimos y portuarios (Fempinra).

Ese agrupamiento de gremios realizó un cese de actividades desde el mediodía hasta la medianoche de ayer y sus dirigentes, con Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) a la cabeza denunciaron que el gravamen produjo la licuación del medio aguinaldo en los salarios del sector. 

El Gobierno, entre tanto, tuvo éxito y logró atenuar las protestas al difundir que el impuesto no sumará a nuevos contribuyentes este año por el modo en que fue hecho en 2013 el último ajuste sobre el mínimo no imponible. La apuesta de gremialistas opositores y oficialistas es retomar el tema por vía de la negociación.