En junio de 2015, la policía brasileña encargada de investigar la macrotrama corrupta de la petrolera estatal Petrobras arrestaba, en su lujosa casa de São Paulo, a uno de los empresarios más poderosos de Brasil, Marcelo Odebrecht.

El mundo económico brasileño se echó a temblar; el mundo político, también. Y no han parado desde entonces de hacerlo. Los secretos que podía guardar el presidente de la mayor constructora de América Latina, con 168.000 empleados, y con ramificaciones en 28 países, entre otros, en Venezuela, Colombia, Perú o EE UU, eran de tal calibre y de tal potencia que podían, por si solos, derribar presidencias o hacer caer Gobiernos en toda la región.

Durante muchos meses, Marcelo, un hombre pagado de sí mismo y de carácter fuerte, se negó a aceptar el regalo envenenado de la Fiscalía brasileña: confesar lo que sabía –esto es: a quién había sobornado para conseguir contratos golosos– a cambio de rebajar la condena. Pero la situación en caída libre de la empresa, sobre la que pesaba una prohibición de presentarse a concursos públicos, más las pruebas recogidas por los investigadores (la carpeta olvidada de una secretaria en la que figuraban los nombres y apodos de los políticos sistemáticamente sobornado constituyó una de las más concluyentes) le hicieron doblegarse.

Aceptó cantar y delatar a cambio de rebajar diez años la condena (de 19 años). Con él, otros 77 altos cargos de la empresa se prestaron también a dar nombres, fechas y cuantías a la policía a cambio de años de libertad.

Además de pedir perdón públicamente, la empresa también se avino a pagar la mayor multa impuesta a una compañía acusada de corrupción: 3.500 millones de dólares, repartidos entre los Gobiernos de Brasil, EE UU y Suiza (países que también investigaban a Odebrecht por sus prácticas corruptas). A cambio, dejaba de estar proscrita y volvía a poder concursar a obras públicas, su principal fuente de ingresos.

Pero una vez que las investigaciones se hubieron puesto en marcha, nada iba a impedir que el torrente de revelaciones siguiera arrasándolo todo. Desde EE UU y pasando por las fiscalías locales, ya afecta, fuera de Brasil, al presidente colombiano Juan Manuel Santos y a varios expresdientes de Perú, incluso ha rozado al mexicano Felipe Calderón. "Odebrecht empleó una secreta, pero totalmente funcional, unidad de negocios de la empresa –un departamento de sobornos, por decirlo de alguna manera– que sistemáticamente pagó cientos de millones de dólares para corromper a funcionarios del Gobierno en países de los tres continentes", afirmó en diciembre de 2016 Sung-Hee Suh, fiscal general asistente de la División Criminal del Departamento de Justicia norteamericano.

Nada apunta a que la tormenta vaya a parar. Al contrario. Las confesiones de los más de 70 altos cargos (incluida la de Marcelo Odebrecht) están hoy por hoy en Brasil protegidas por el secreto de sumario. Pero no lo estarán por mucho tiempo y, más pronto o más tarde, se harán públicas. La prensa brasileña las denomina, acertadamente, "la confesión del fin del mundo". Hace un mes se filtró la declaración de uno de esos altos cargos. Solo uno. Se llamaba Cláudio Melo Filho y su trabajo consistía, según afirmó ante la policía, en presionar (y sobornar) a políticos brasileños a cambio de que favorecieran los intereses de la empresa a la hora de conceder contratos o modificar leyes. Aseguró también que el actual presidente brasileño, Michel Temer, aceptó en la terraza de su palacio 10 millones de reales (más de tres millones de euros) para su campaña electoral. Lo que esconda la declaración de Marcelo Odebrecht, que trataba con presidentes y ministros de muchos países, es dinamita pura a punto de estallar.

Esto es lo que se va conociendo de las diferentes investigaciones:

ARGENTINA
En Argentina estaba muy instalada la idea de que el caso Odebrecht era un problema del kirchnerismo. Durante los 13 años en el poder de Néstor y Cristina Kirchner la multinacional brasileña hizo grandes negocios y, según la investigación judicial, aportó a “intermediarios” en Buenos Aires 35 millones de dólares que le permitieron acceder a contratos por unos 278 millones de dólares. Sin embargo, el escándalo ha dado un vuelco inesperado y ha tocado de lleno el entorno del presidente actual, Mauricio Macri.

El jefe del espionaje argentino, Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente –hasta el punto de que le alquila el departamento de lujo en el que vivía antes de trasladarse a la residencia oficial– vio obligado a declarar ante la justicia argentina por unas transferencias de casi 600.000 dólares que le hizo en 2013 Leonardo Meirelles, la persona que utilizaba habitualmente Odebrecht para pagar sus sobornos. La hipótesis que manejó La Nación, el diario que publicó la noticia, es que se trataba de una coima (un soborno) por la obra del tren Sarmiento, en la que participaba el primo de Macri, Ángelo Calcaterra.

El Gobierno argentino desmintió indignado esta hipótesis y Macri defendió a su amigo: "No entiendo de dónde sacan la vinculación con Odebrecht, es un cuento", llegó a decir. 

BRASIL
Las tramas corruptas que afectan a la clase política y empresarial de Brasil se entremezclan y el caso Odebrecht no es una excepción. Según la investigación en torno a la causa abierta que afecta a la petrolera estatal brasileña Petrobras, se calcula que de los 20.000 millones de reales (6.400 millones de dólares) desviados, 7.000 (2.250 millones de dólares) fueron a parar a Odebrecht. Se cree que la multinacional accedió a esa fuente de dinero pagando hasta 1.000 millones de reales (320 millones de dólares) en sobornos a políticos y otros agentes públicos, generalmente en forma de donaciones para campañas electorales.

Hasta el momento, la pieza judicial vinculada a Odebrecht requería de que una instancia judicial diera validez a la confesión de hasta 77 de sus ejecutivos. Así lo hizo el Tribunal Supremo el pasado 30 de enero. La confesión se encuentra bajo secreto de sumario, pero la prensa brasileña ha ido filtrando al público algunos nombres clave, entre los que están el actual presidente, Michel Temer y sus antecesores Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva. De hecho, exdirectivos de la compañía detallaron regalos a Lula y donaciones ilegales al expresidente Fernando Henrique Cardoso, sin ningún cargo en el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSBD), pero con gran influencia en algunos sectores. El patriarca de la constructora, Emilio Odebrecht, acusó al que fue presidente brasileño entre 1995 y 2003 de recibir donaciones ilegales para financiar su última campaña presidencial. La trama de corrupción también salpica a otros dirigentes del partido, desde José Serra, actual ministro de Exteriores, a Geraldo Alckmin, gobernador de São Paulo y hombre fuerte para las generales de 2018.

CHILE
El país no figuraba en un principio en la lista de Estados alcanzados por la trama corrupta, pero la policía chilena registró a principios de marzo la sede de Odebrecht en Santiago para incautarse de documentación. El fiscal general de Chile, Jorge Abbott, anunció que uno de los miembros de su equipo viajaría a Brasilia y declaró a los medios de comunicación su interés en hablar con "cierta gente" en relación a hechos "que podrían haber ocurrido en Chile y que eventualmente podría constituir delito".

COLOMBIA
El gerente de la campaña del presidente Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, reconoció el pasado mes de marzo que Odebrecht les había financiado de forma irregular pagando los carteles electorales en 2010: "Yo ordené los afiches operativamente con plata de Odebrecht. Es una realidad. Eso fue una operación irregular", afirmó Prieto. Ante las declaraciones, el presidente colombiano difundió una declaración institucional a través de Twitter en la que condenaba esa financiación, pero no la negaba. Santos se limitó a asegurar que no estaba al tanto de los pagos y pidió que se investigase y sancionase a los responsables de las irregularidades.

El nombre del presidente vinculado al caso Odebrecht ya había aparecido en boca de la Fiscalía, que aseguró que que parte del dinero recibido como soborno por un exsenador detenido a principios de año “habría” terminado en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. En febrero, el fiscal salió a matizar ese condicional y explicó que respondía únicamente al testimonio de un exsenador detenido, Otto Bula, pero que no había prueba física de que ello ocurriese, por lo que pidió que se investigase, un reclamo que ha hecho el propio presidente. Mientras, el Gobierno en pleno salió en defensa de Santos.

El pasado 14 de enero fue detenido el excongresista del Partido Liberal Otto Bula, acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. A partir de la declaración de Bula, la Fiscalía emitió el comunicado matizado después. Sin embargo, el exsenador se desdijo luego de sus palabras, afirmando que nunca las había pronunciado, en una declaración escrita dirigida al Consejo Nacional Electoral, el organismo encargado de la investigación.

Las ramificaciones colombianas del caso se extienden incluso a la guerrilla de las FARC. Según la revista Veja, una de las principales de Brasil, la compañía de Odebrecht reconoció haber pagado durante dos décadas un impuesto revolucionario a la principal guerrilla colombiana a cambio de tener garantizada la seguridad en el territorio mientras construía una autopista entre el centro del país y la costa del Caribe.

El fiscal general de Colombia, Nestor Humberto Martínez, viajó el 16 de febrero pasado a Brasilia para reunirse con el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, y seguir indagando en la investigación sobre el caso.

ECUADOR

Ecuador también se ha visto afectado. Funcionarios del Gobierno recibieron pagos por 33,5 millones entre los años 2007 y 2016. La Fiscalía ecuatoriana ha pedido ayuda a España para tomar declaración a Rodrigo Tecla Durán, un implicado detenido en suelo español que puede aportar información sobre elcaso Odebrecht en Ecuador, según informó EFE. Durán es investigado por presunto lavado de capitales, soborno de funcionarios y pertenencia a una organización criminal. 

MÉXICO
Odebrecht reconoció haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a "altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado [mexicano]". Los representantes de la constructora brasileña admitieron en diciembre a las autoridades judiciales de Estados Unidos que el pago de sobornos se hizo entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos con una compañía de la que no revelaron el nombre.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), que se encarga de investigar las acusaciones de corrupción en contra de funcionarios, dijo que investigaría el caso.

Petróleos Mexicanos (Pemex, la petrolera paraestatal) también se pronunció públicamente en favor de revisar tres grandes contratos que otorgó a Odebrecht y por los que obtuvo 39 millones de dólares en beneficios. Entre ellos la construcción al norte del país del gasoducto Los Ramones, de 450 kilómetros de longitud, y el acondicionamiento de un terreno donde se levantará la refinería de Tula (Estado de Hidalgo).

En el tiempo en que se pagaron los sobornos, Pemex era un actor central en la apertura del sector energético mexicano. A finales de enero, Arely Gómez, la titular de la SFP, dijo que el caso de los sobornos de Odebrecht a funcionarios mexicanos es una de sus prioridades, pero no presentó ningún avance en la investigación.

A principios de este mes de abril, la fiscalía mexicana citó a declarar al exdirector de Pemex y a otros 17 empleados de la empresa estatal que participaron en contratos con la constructora. Por su parte, la petrolera ha publicado los contratos firmados con Odebrecht.

La ramificación mexicana del caso atañe incluso al expresidente Felipe Calderón (en el poder entre 2002 y 2006) con la publicación de un correo electrónico de una filial de la constructora para intentar que Lula da Silva intercediera ante Calderón para beneficiar la inversión brasileña en México.

PANAMÁ
Así como ha pasado con República Dominicana, la firma Odebrecht ha cerrado un acuerdo verbal con las autoridades de Panamá para, en primer lugar, pagar una indemnización por la trama de sobornos en el periodo 2010-2014 y, en segundo lugar, colaborar en la investigación si es necesario. Según informó la Fiscal General panameña el pasado 12 de enero, la constructora brasileña pagará como reparación 59 millones de dólares.

PERÚ
La trama de corrupción de Odebrecht salpica a varios expresidentes peruanos. La Fiscalía anticorrupción solicitó 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006. A Toledo se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, a la que habría favorecido en la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. Toledo, residente en París, negó en una entrevista al programa Cuarto Poder haber recibido los sobornos denunciados. En febrero un juez ordenó detenerlo y emitió una orden de captura internacional. El Gobierno de Lima ofrece una recompensa de 100.000 soles (unos 30.000 dólares) por informaciones que conduzcan a su apresamiento.

El expresidente, casado con una mujer judía con pasaporte israelí, recibió el pasado mes de febrero un portazo de las autoridades de Israel, que negaron la entrada al país. El presidente actual, Pedro Pablo Kuczynski, pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que deportase a Toledo, que cuenta con permiso de residencia en Estados Unidos.

En los últimos meses el Gobierno de Perú ha congelado las cuentas bancarias, propiedades y vehículos de ocho empresas brasileñas, incluida la constructora, y el Congreso ha aprobado modificar la Constitución para que los delitos continuados de corrupción no prescriban. Kucyznski ha llegado a reconocer el impacto de la trama sobre las cuentas peruanas: "No podemos negar que el 'caso Odebrecht' es un freno a la economía", declaró a principios de marzo.

Toledo no es, sin embargo, el único expresidente peruano salpicado por la trama de corrupción de Odebrecht. La situación judicial del exmandatario Ollanta Humala, que dirigió el país entre 2011 y 2016, se enmarañó tras la revelación del diario brasileño Folha de Sao Paulo de que la empresa había entregado tres millones de dólares a su campaña presidencial y una declaración, difundida en Twitter por un exprocurador anticorrupción, en la que Marcelo Odebrecht confirmaba que había entregado tres millones de dólares a Humala para financiar la campaña electoral de 2011 del expresidente. Antes de estas revelaciones, la justicia peruana ya investigaba desde hace meses a Humala por lavado de activos en el financiamiento de sus campañas.

La trama salpica también a un expresidente anterior, Alan García, que presidió Perú en dos etapas (de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011). El jefe del grupo especial de fiscales para el caso en Perú, Hamilton Castro, incorporó a principios de este mes de abril a García en la lista de investigados por supuestas irregularidades en la concesión, en 2008, de dos tramos de la línea uno del metro de Lima. En marzo Perú mandó detener a un alto cargo de la Administración Humala, Juan Carlos Zevallos, que presidió el organismo de supervisió de infraestructuras, por recibir presuntamente 750.000 dólares para favorecer la ejecución de dos tramos de la Carretera Interoceánica sur, la misma que implica a Toledo.

Además, en enero las autoridades peruanas detuvieron a su llegada de Estados Unidos a Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones durante el segundo mandato presidencial de Alan García, predecesor de Humala. La Fiscalía acusa a Cuba de obtener dos millones de dólares por ayudar a Odebrecht a quedarse con la licitación de unas obras de metro. En suelo peruano, en abril se ha detenido a Félix Moreno, presidente de principal puerto peruano, el de Callao, acusado de recibir dos millones de dólares de sobornos de la compañía Odebrecht.

Pero no solo por la corrupción ha salpicado Odebrecht la vida de los peruanos. La Administración peruana tuvo que cancelar en febrero el contrato para construir el Gasoducto del Sur, cuya inversión de 7.000 millones de dólares ha sido la mayor en infraestructura en la historia de este país. El consorcio encargado de la obra, encabezado por Odebrecht, no contó con la financiación necesaria para terminarla. Fue multado.

REPÚBLICA DOMINICANA
Odebrecht pagará en este país y a lo largo de ocho años los 184 millones de dólares que se comprometió a entregar al Estado dominicano en concepto de compensación por los sobornos que la compañía admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas. La Fiscalía reveló el pasado 2 de enero, según recogió Efe, detalles del acuerdo firmado con la empresa brasileña, alcanzado el pasado 20 de enero, por el cual esta se comprometió a abonar dicha cantidad.

Según el acuerdo, "dicho monto será desembolsado paulatinamente en un plazo de 8 años, mediante pagos anuales parciales hasta enero del año 2025, iniciando con un primer abono de 30 millones de dólares, desembolsado a la firma del acuerdo el pasado miércoles". Destacó que, además de Brasil, República Dominicana es "el único país latinoamericano que, a la fecha, ha logrado una compensación que duplica el monto de los sobornos reconocidos".

VENEZUELA
Según el detalle del caso abierto por la justicia norteamericana, en el caso de Venezuela, los pagos fueron de 98 millones de dólares a varios intermediarios que dijeron tener acceso directo a compañías públicas. El objetivo de Odebrecht era obtener información confidencial sobre proyectos y garantizarse concesiones.

Con información de Antonio Jiménez Barca, Gil Alessi, Tom C. Avendaño, Joan Faus, Javier Lafuente, Ana Marcos, Luis Pablo Beauregard, Raúl Tola y Carlos E. Cué.