La constructora Odebrecht y su brazo petroquímico, Braskem, declararon ante un tribunal estadounidense el pasado miércoles que son culpables por pagar sobornos a cambio de beneficios en contratos. Esta corruptela fue descubierta en la Operación Lava Jato, el grupo operativo de la Fiscalía brasileña que investiga desde hace más de dos años una megatrama de Petrobras. Esta declaración, en EE UU, forma parte de un acuerdo de lenidad (confesión a cambio de reducción de castigo) en el que participan los Gobiernos norteamericano, suizo y brasileño, y prevé el pago total de 3.500 millones de dólares para que Odebrecht y Braskem se libren de las acusaciones judiciales en los tres países. Esta cifra representa la multa más alta jamás pagada en el mundo en acuerdos de este tipo y es uno de los triunfos de la Operación Lava Jato.

Adriano Juca, director legal de Odebrecht, a su salida este miércoles de un juzgado de Nueva York ANDREW KELLY REUTERS
 

“Odebrecht y Braskem emplearon una secreta, pero totalmente funcional, unidad de negocios de Odebrecht-un departamento de sobornos, por decirlo de alguna manera- que, sistemáticamente, pagó cientos de millones de dólares para corromper a funcionarios del Gobierno en países de los tres continentes", afirmó Sung-Hee Suh, fiscal general asistente de la División Criminal del Departamento de Justica de EE UU, en un comunicado de prensa. Las dos empresas presentaron sus alegaciones en una corte federal en Brooklyn, Nueva York. Ambas admitieron haber pagado a empleados para obtener contratos. Más allá de la multa, las firmas se comprometieron a adoptar prácticas para evitar que se repita la conducta.
Odebrecht concordó con las autoridades estadounidenses en que el importe apropiado de la multa sería de 4.500 millones de dólares, pero afirmó que podría desembolsar únicamente 2.600 millones. La cuantía final se determinará en una nueva audiencia, el 17 de abril. Braskem, por su parte, aceptó pagar 957 millones de dólares. Según el acuerdo, EE UU abonará la cuantía que las empresas deben también a Brasil y a Suiza, socios en el acuerdo de lenidad. Brasil se quedará con el 80% de esa suma, mientras el 20% restante se lo dividirán a partes iguales los gobiernos estadounidense y suizo.

Un ejecutivo de Odebrecht es escoltado el 22 de marzo por la policía en São Paulo. P. WHITAKER(REUTERS)

En un comunicado, el Ministerio Público Federal brasileño, responsable del caso Petrobras, aseguró que la parte brasileña de este acuerdo de lenidad se firmó con Odebrecht el 1 de diciembre de 2016 y con Braskem el 14 del mismo mes. Los acuerdos ya los ha homologado el Tribunal de Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía brasileña, pero los pactos todavía se someterán a la homologación de los juzgados competentes. "En los dos acuerdos, las empresas revelaron y se comprometieron a revelar hechos ilícitos averiguados en una investigación interna, practicados en Petrobras y en otras esferas de poder, en los que participaron agentes políticos de los gobiernos federal, estatal, municipal y extranjeros. Dichos ilícitos, en el marco del grupo Odebrecht, se llevaban a cabo con el apoyo del sector de operaciones estructuradas, cuyas actividades fueron denunciadas por la Operación Lava Jato", destacó el organismo.

Trama de corrupción

Según el Departamento de Justicia norteamericano, Odebrecht asumió haber estado involucrada con un "entramado de soborno masivo durante más de una década, iniciado en 2001". "Durante ese período, Odebrecht pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno, sus representantes y partidos políticos en varios países para obtener negocios. Esta conducta ilegal estaba dirigida por los niveles más altos de la empresa, con sobornos pagados mediante una compleja red de empresas, transacciones no contabilizadas y cuentas bancarias offshore", destaca el texto. Este procedimiento se repitió en países como Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

El Gobierno de EE UU también sostiene que los pagos a los miembros del Ejecutivo brasileño empezaron a partir de 2003 y prosiguieron hasta aproximadamente 2016, es decir, con la Operación Lava Jato ya en marcha. La empresa, según el Departamento de Justicia, pagó alrededor de 349 millones de dólares en sobornos y esos pagos le proporcionaron unos beneficios que ascendieron a 1.900 millones. Fuente:Reuters