Francisco "Paco" Pérez, de Mendoza; Jorge Sapag, Neuquén; Martín Buzzi, Chubut, y Alberto Weretilneck, de Río Negro, se reunieron de urgencia el lunes pasado en la Capital Federal. El motivo del encuentro entre esos gobernadores, que habitualmente responden a las órdenes del kirchnerismo, no tenía que ver con el inminente default argentino. Su inquietud era mucho más terrenal: estaban preocupados por su propia crisis de deuda, que les impedirá pagar los salarios.

En un giro inesperado, los gobernadores no culpaban al juez Griesa, padre de los males domésticos por estos días para los funcionarios del Gobierno, sino a la presidenta Cristina Kirchner. Ella es la última responsable de haberlos dejado fuera de la refinanciación de pasivos provinciales que la mandataria firmó ayer por la tarde en la Casa de Gobierno junto con otras 13 provincias que ahora respiran aliviadas.

Los gobernadores sólo encuentran un motivo para merecer ese castigo: son los únicos que se oponen a la nueva ley petrolera que propone el presidente de YPF, Miguel Galuccio, apadrina la Presidenta y promocionan Carlos Zannini, de la Secretaría Legal y Técnica, y Julio De Vido, del Ministerio de Planificación.

Desde las 18, junto con otros anuncios, desfilaron frente a Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Axel Kicillof, 13 mandatarios provinciales. El primero fue el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. También estuvieron Lucía Corpacci, de Catamarca; Sergio Urribarri, Entre Ríos; Eduardo Fellner, Jujuy; Ricardo Colombi, Corrientes, y Daniel Peralta, de Santa Cruz, entre otros. A los gobernadores invitados, la firma de la reestructuración de la deuda les permitió postergar pagos al Estado nacional por casi $ 1600 millones.

Motivo suficiente para aplaudir, minutos después, los anuncios sobre nuevos proyectos de leyes que se enviarán al Congreso. "Esto va a ayudar a desendeudar a las provincias", celebró Cristina.

PERTENECER TIENE SUS PRIVILEGIOS

Los gobernadores excluidos intentaron de todo para sumarse al convite. Pérez, que tenía previsto volver a Mendoza, se quedó en Buenos Aires intentando sumarse al acto y así postergar el pago de más de $ 150 millones. Sapag también permaneció en la ciudad. Pero las gestiones fueron en vano, hasta tal punto que en los equipos técnicos de los gobernadores les reprochan haberse opuesto con tanta vehemencia a los deseos de Cristina Kirchner.

Desde principios de año, el Gobierno trabaja en la elaboración de una nueva ley de hidrocarburos. El proyecto oficial contempla una serie de estímulos a la inversión privada, pero también obliga a las provincias a disminuir su injerencia sobre el manejo de la actividad, algo que consideran va en contra de la reforma Constitucional de 1994, según la cual las provincias son las titulares de los recursos del subsuelo.

Hay varios puntos que les molestan. El proyecto de ley establece que la única forma de acceso a la renta petrolera será a partir del cobro de regalías, que se limitarán al 12 por ciento. Eso deja afuera la eventual participación en el negocio de las empresas provinciales, como la neuquina GYP, así como el manejo del porcentaje de regalías, una mala noticia para las gobernaciones, que en las últimas licitaciones petroleras agregaron algunos puntos a la fórmula. También limita la alícuota para el cobro de ingresos brutos.

Los gobernadores discutieron el tema personalmente con Cristina Kirchner. Luego, siguieron las conversaciones con De Vido y con Zannini. Les reclamaron a los funcionarios que en su proyecto el esfuerzo era de las provincias antes que de la Nación, y les enviaron otro texto que el Gobierno rechazó.

Ante la falta de un acuerdo, Buzzi, que comanda la Ofephi (representa a las provincias petroleras) le pidió al jefe de Legal y Técnica que pusiera el proyecto en el freezer. Zannini le respondió con enojo. El gesto siguiente fue la exclusión de ayer.