Si bien la apuesta oficial es intentar solucionar el serio problema de falta de viviendas que aqueja a los argentinos, en el gobierno son conscientes que no todos podrán acceder a la oferta de préstamos hipotecarios.

Contemplando esta problemática es que el oficialismo tiene avanzado un proyecto de ley cuyo propósito es fomentar la construcción de viviendas para alquiler.

"La iniciativa busca otorgar beneficios impositivos para quienes construyan viviendas destinadas a alquiler", según señaló a ámbito.com el diputado Daniel Lipovetzky de Unión PRO. La iniciativa ya fue presentada en la Mesa de la Construcción conformada por los gremios, el sector privado y el gobierno y fue aprobada de manera unánime.

Al tiempo que reconoce que el gobierno está implementando "una revolución" en las líneas de crédito, tornando accesibles los préstamos tanto para los sectores de ingresos medios como bajos, se considera que se debe hacer más porque "en la Argentina hay millones de inquilinos y creemos necesario tener políticas públicas activas al respecto", afirmó Lipovetzky.

La idea es comenzar a dar tratamiento en Diputados al proyecto que tiene media sanción del Senado, en la Comisión de Legislación General Lipovetzky consideró que "deberían incorporarse al proyecto de ley, medidas destinadas a ampliar la oferta de inmuebles para alquilar". Esta iniciativa es presentada junto con el diputado del PRO, Waldo Wolff.

Lipovetzky precisó que "en el marco del acuerdo sectorial de la construcción, estamos pensando en incluir beneficios impositivos para quienes construyan inmuebles para locación, particularmente en lo referente al impuesto a las ganancias". specíficamente, se posibilitaría "descontar del impuesto a las ganancias lo invertido en la construcción de inmuebles para alquilar", explicó.

A su juicio, esto incentivará a que se construya más, se genere más empleo y también más ofertas locativas. El diputado del PRO sostuvo que "nuestra propuesta es mejorar y ampliar el proyecto para que no apunte solamente a bajar los altos costos que tienen los inquilinos cuando pretenden alquilar, sobre todo en lo que respecta a comisiones inmobiliarias y depósitos".

También sostuvo que la ley debería incluir algunas disposiciones referentes al alquiler social y en estos casos, "correspondería al Estado aportar alguna ayuda para resolver el problema de las garantías, algo difícil de conseguir para los sectores más vulnerables de la población". 

Por último, consideró que en lo referente al alquiler para vivienda, "la actualización de los valores locativos debería hacerse por el Coeficiente de Variación Salarial, ya que la mayoría de los inquilinos son trabajadores asalariados y atar la actualización a los aumentos salariales les dará más seguridad a todas las partes". Ambito.com preguntó si este beneficio impositivo podría ser aplicado a las viviendas usadas, "Es una buena propuesta. Habrá que analizar el costo fiscal" Lipovetzky respondió.

Cabe recordar que a partir del beneficio que tienen los inquilinos en descontar de Ganancias hasta 40% del monto que pagan por el alquiler salió a la luz que numerosos propietarios no entregan recibos oficiales porque no tiene declarado el inmueble.

La norma impositiva establece que aunque el propietario no declare los alquileres, o no tenga inquilinos, debe abonar una renta presunta por el inmueble en base a los valores de mercado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los propietarios no cumplen.

Quizás si se incorpora a la vivienda usada algún beneficio impositivo si se la destina para alquiler más propietario se verán inclinados a blanquear sus activos. Según datos oficiales el déficit habitacional de Argentina se ubica en torno al 25,4 por ciento, lo que significa que afecta a 3,5 millones de hogares, de los cuales 2 millones son problemas de calidad de vivienda existente y 1,5 millones son la cantidad de viviendas que se necesitan construir.

• Antecedentes

A fines del año pasado, la Cámara Alta dio media sanción a una iniciativa para modificar el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la Ley de Alquileres con reglas claras a la hora de la renovación de los contratos. La iniciativa promueve aumentos escalonados con un tope ajustado a las paritarias de estatales, docentes y empleados de comercio.

Entre sus aspectos centrales, también se reduce al 30% la comisión de los contratos locativos y mantiene el pago de expensas extraordinarias a cargo de los propietarios. Asimismo, contempla que la devolución del depósito se realizará con un monto actualizado al finalizar el contrato que tiene como límite hasta un mes del valor del alquiler.

Las modificaciones apuntan a asegurar que, en caso de acordarse aumentos o actualizaciones, los mismos sean para plazos no inferiores a un año. Además, deben estar ajustados de acuerdo con los índices de precios al consumidor (IPC) y al coeficiente de variación salarial (CVS), calculados en partes proporcionales.