Con una mayoría de tres votos sobre cinco, la Corte Suprema puso fin este año a la "doctrina Fayt", habilitando a que todos los jueces que hayan cumplido los 75 años, deban jubilarse. 

Sin embargo, según informaron desde el Consejo de la Magistratura a ámbito.com, los jueces que cumplen con este requisito (es decir, que superan esa edad), son 27 en todo el país, y se prevé que cubrir sus cargos demore "al menos" un año, y eso según los pronósticos más optimistas. Para otros, recién a principios de 2019 se logrará cubrir la totalidad de las vacantes.

El fallo de la Corte vino a revertir una sentencia que declaraba nula la edad jubilatoria establecida por la reforma constitucional de 1994, lo que posibilitó la permanencia del supremo ya fallecido Carlos Fayt, quien renunció a su cargo una vez que la expresidenta, Cristina de Kirchner, dejara el poder.

En este marco, y a pesar de la sentencia, sólo cuatro magistrados presentaron su renuncia. Se trata de Leopoldo Schiffrin, quien dimitió a pesar de que la socia política de Cambiemos, Elisa Carrió, pidió al presidente Mauricio Macri que se le prestara un nuevo acuerdo, el vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, Pedro David, la jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de San Martín, María Lucía Cassain, y la vocal de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Marta del Rosario Mattera.

Por su parte, el Consejo de la Magistratura, órgano a cargo de la selección de jueces, aún no se pronunció sobre el fallo. Desde la decisión de la Corte (marzo) a esta parte, dicho organismo celebró dos plenarios, y en ninguno de ellos se trató el tema de las jubilaciones de los magistrados.

El secretario de la Comisión de Selección del Consejo, José Elorza, sostuvo que la cobertura de las vacantes "no va a ser diferente de lo que está previsto por ley", y añadió que, "ante una acefalía" se nombrarán subrogantes.

La ley estipula, según el artículo 99 inciso 4º de la Constitución Nacional, que los jueces deben ser designados en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado en sesión pública, en la que se debe tener en cuenta la idoneidad de los candidatos. 

Hasta allí, el mecanismo formal. Pero en la práctica, aún no hay definiciones, todavía no se produjeron las vacantes, y la única certeza es que, a juzgar por los tiempos de la Justicia, los nombramientos se dilaten. 

Hay además un ´gris´ en materia judicial: el Consejo fue creado para poner jueces en concurso o proponer ternas y para remover a magistrados después de un juicio político, pero no a raíz de un fallo judicial. En este sentido, son discutibles las facultades del Consejo para ejecutar esa sentencia.

También hay posturas encontradas entre los mismos consejeros. En representación del oficialismo por la Cámara de Diputados, el consejero Pablo Tonelli le quitó dramatismo al asunto, y dijo a este medio que "el panorama no es el fin del mundo". Al mismo tiempo, reconoció que "es imposible" cubrir las vacantes antes de fin de año, y aseguró que "llevará al menos un año, lo más probable, año y medio".

Para el diputado, "la sentencia de la Corte es muy clara". Sin embargo, desde la oposición cuestionan esta postura. 

El consejero de la Magistratura Rodolfo Tailhade (FpV), apuntó contra la Corte y el Ejecutivo, de quienes dijo "se pasan la pelota porque no quieren hacerse cargo". 

"Nadie se hace cargo de cómo sacar a los jueces. El Ejecutivo no quiere correr con ese costo político, entonces todavía está pensando cómo instrumentar la medida", aseguró el diputado, quien aseguró que "recién en 2019" se definirán los cargos. Respecto de la Corte, consideró que "está dando vueltas" para instrumentar el fallo.

"Se están pasando la pelota, en parte también porque los jueces no quieren meterse con sus colegas", aseguró Tailhade, para quien, "mientras no haya ninguna iniciativa de ningún poder", no se producirán las vacantes. 

El diputado por el FpV denunció además que el tema "es manejado con bastante sigilo". "No nos participan mucho", cuestionó.

Hasta ahora, el Ministerio de Justicia de la Nación tramitó oficio (es decir que enviará sus pliegos al Senado) por una nómina de cinco magistrados, a la que accedió este medio: Jorge Bustos Fierro (Juzgado federal de Primera Instancia de Córdoba), Eduardo Zannoni (vocal de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil de Santa Fe), Edmundo Hendler (vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico), y Mauricio Mizrahi (vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal). 

En tanto, hay magistrados que ya cuentan con una sentencia firme (se calcula entre seis a ocho). El caso más emblemático es el de la jueza a cargo del Juzgado Federal 1º de Buenos Aires, María Servini de Cubría.

Para gran parte de la oposición, Servini es "uno de los objetivos" del fallo de la Corte. Desde el oficialismo, en tanto, argumentan que la sentencia que permite que la jueza siga ocupando su cargo "no alcanza" porque "se trata de un fuero de la seguridad social". Sin embargo, la magistrada, quien adhiere a la postura de la oposición, ya advirtió que apelará en caso de ser recusada. Hasta ahora, no obtuvo respuesta oficial. 

A la lista del Consejo aún deben sumarse unos 15 magistrados que están próximos a cumplir los 75 años, más los que alcanzarán la edad de jubilarse de aquí a 2019. Desde el Consejo señalaron que el Gobierno trabaja en una resolución para reglamentar las jubilaciones a futuro. Pero mientras tanto, se acumulan así los cargos vacantes.