Bajo el título "Enfermedades públicas/Salud privatizada", el periodista Santiago Cúneo difundió anoche por la pantalla de Crónica el caso de la Obra Social de Ejecutivos y de Directores de Empresas, mucho más conocida por su sigla OSDE, que acumula una deuda de 12.000 millones de pesos con la Superintendencia de Servicios de Salud por no pagar desde 1998 un 15% de la cuota de sus afiliados adherentes al fondo del organismo.

Según se expuso en el ciclo "1+1=3", en un decreto del entonces presidente Carlos Menem se creó la figura del "afiliado adherente", que permitió a las obras sociales y empresas prepagas facilitar la incorporación de familiares no directos -tíos. primos etc.- de los afiliados titulares.

En esa misma norma se estableció que el 15% de lo que abonaba cada aherente debía ser remitido a un fondo de la Superintendencia de Servicios de Salud. Como suele ocurrir, hubo algunas obras sociales y empresas prepagas que pagaron puntualmente y otras que no, entre ellas OSDE.

Con el tiempo, la Superintendencia fue intimando a cada una a cumplir con la obligación. En distintos casos logró que pagaran, pero con OSDE nunca pudo. De hecho, la obra social de entrada desconoció al organismo como ente competente para hacerle la intimación, alegando que a la AFIP le correspondía hacerlo.

La Superintendencia insistió por la vía judicial, el caso fue pasando instancias hasta que hace casi dos años salió una sentencia de la Corte Suprema de Justicia -con una integración diferente a la actual- que le reconoció la autoridad a la Superintendencia.

"Entonces OSDE usó otro recurso -sostuvo Cúneo-; a través de otra entidad de salud que en realidad le pertenece hizo una presentación judicial pidiendo la nulidad del decreto de 1998 por inconstitucional, no en su totalidad, sino el artículo que específicamente obliga a las entidades de salud a hacer el depósito del 15%. Incluso logró que por recurso extraordinario eso llegue a la Corte Suprema, que con la conformación actual y el reciente antecedente de la concesión del 2x1 a los represores, no sería de extrañar que termine avalando el reclamo de esta subsidiaria de OSDE, lo que permitiría que ésta cometa "el crimen perfecto", esto es, quedarse con los fondos que nunca aportó al fondo de la Superintendencia, fondo que sirve para asistir a otras obras sociales con un criterio solidario".

"En cambio, OSDE se maneja con un criterio rentístico, más allá de que originalmente es una obra social, de empresarios y directivos, pero obra social al fin, por lo cual por ley está eximida de pagar impuestos que sí deben abonar las prepagas. Vendría a ser entonces el paradigma de la ‘contraética’ de la solidaridad, más si se toma en cuenta que actualmente de las 2.100.000 cápitas actuales de OSDE (el 36% del mercado total) cuatro de cada cinco son adherentes, es decir, personas en relación de dependencia que por convenios con su obra social sindical reciben la prestación de OSDE y le pagan a ésta, en un esquema concentrado que por cierto favorece a los grandes empresarios que lucran con la salud y perjudican a pequeñas obras sociales, prestadoras y a los pacientes en general, que tampoco tienen acceso a una salud pública de calidad, como debiera haber", agregó el periodista.

En el informe de Cúneo también se indicó que habría un decreto del actual gobierno para derogar el aporte del 15% que dispone la norma de 1998, y además que la empresa, en su último balance anual, sólo previsiona una deuda de 900 millones de pesos por el tema con la Superintendencia, lo que representa una falsedad a los ojos de cualquier eventual interesado en invertir en la empresa.