En poco más de 30 días Cristóbal López perderá un contrato millonario. Se trata de la Autopista Riccheri Ezeiza - Cañuelas, concesión que obtuvo con la empresa Aecsa.

En marzo Vialidad Nacional firmó la resolución de intervención ampliada, recuperando el manejo de administración, con un plazo de dos meses para rescindir de forma definitiva el contrato. “Les queda poco más de un mes, aunque apelaron la medida, es una decisión tomada y cada centavo que hoy se mueve en la autopista es rendido y nosotros decidimos su destino”, señalaron fuentes oficiales.

La deuda reclamada por el Estado en recursos de asignación específica (RAE), un dinero que los concesionarios recaudan en los peajes y deben transferir a Vialidad Nacional, asciende a $ 500 millones. La firma se defiende señalando la imposibilidad por años de actualizar el costo tarifario.

“Ya apelamos, pero cuando nos notifiquen de la rescisión volveremos a apelar porque el que incumplió fue el Estado que desde 2005 no nos permitió actualizar las tarifas”, dijeron desde el entorno de Cristóbal López ante la inminente pérdida del contrato que le significó al grupo empresarial el manejo de la Autopista.

AECSA está compuesta por Esuvial que es dueña en el 70 % de las acciones y está constituida por CPC (constructora de López) en un 99,12% y Fabián De Sousa en el restante 0,08%. La sociedad arrastra una antigua y millonaria deuda que el Grupo se niega a pagar y es la razón por la que insistieron una vez más ante la Justicia aunque no lograron impedir que el negocio tenga fecha de vencimiento.

Ante "permanentes irregularidades", primero le quitaron al empresario K el manejo de administración de la Autopista Riccheri Ezeiza-Cañuelas. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) -dependiente del Ministerio de Transporte-, firmó a mediados de marzo la resolución de la intervención ampliada, nombrando a Roberto Pérez Vierira al frente del manejo del millonario negocio que rescindirá en un mes el Gobierno.

En la actualidad, Vialidad tiene el poder de administración de la autopista. "Todo el dinero recaudado es rendido y el Estado decide cómo se invierte en obras, se hicieron algunos arreglos y se analiza emprender trabajos en la segunda calzada en Ezeiza", explicaron fuentes del organismo. A pesar de que la cuenta regresiva para que López pierda el millonario negocio comenzó, desde la compañía del empresario K replican con críticas que llegan a la gestión de Cristina Kirchner: "Es como la gestión de los Kirchner que estatizaban las compañías, y ahora hacen los mismo y quieren sacarnos la concesión", soltó con ironía uno de los hombres de confianza de De Sousa.

La disputa con el empresario K inició cuando asumida la actual gestión de Javier Iguacel frente a la DNV rechazó un trámite prácticamente finalizado que dejó la gestión kirchnerista: a fines de 2015 Gustavo Gentilli ex director del Órgano de Contralor de las Concesiones Viales (Occovi) firmó la ampliación de la concesión hasta 2031. Las autoridades de Vialidad, investigadas por corrupción en la obra pública, no llegaron a rubricar esto y el ministerio de Transporte decidió intervenir la autopista y rescindir el contrato.

La ampliación era “injustificada y estaba llena de irregularidades” -según fuentes oficiales- e iba a generar ingresos a favor de López, por $ 5.500 millones. En contraposición, la concesionaria posee deudas por multas e infracciones respaldadas con 69 actas de incumplimientos por $ 500 millones.

La principal deuda es lo que en Vialidad describen como “una maniobra similar a la de Oil Combustibles”. La firma no pagó durante el gobierno de Cristina Kirchner el impuesto a las transferencias de combustibles (ITC) generando una deuda con la AFIP de $ 8.000 millones, dinero que la Justicia sostiene utilizó para financiar firmas del holding.

En el caso de la autopista, lo que no se pagó fue el RAE, dinero que los concesionarios recaudan en los peajes y deben transferir a Vialidad Nacional. “El dinero lo usaron para pagarle a los accionistas, se financiaron ellos mismos y sólo una pequeña parte fue a obras”, señalaron fuentes del organismo vial.

Entre las irregularidades que se tuvieron en cuenta para dar de baja al contrato que se oficializará en un mes, se encuentra la cantidad de multas que se aplicaron a la empresa no pueden -por ley- superar el 20% de la garantía que se colocó en el contrato, “y a la fecha el acumulado pendiente de multas impagas es de más del 400%“. El Gobierno analiza si relicitará la concesión cuando ya no la tenga Cristóbal López a quien el año pasado el dieron un contrato por $ 1.570 millones para una ruta que le quitaron a otro conocido del kirchnerismo: Lázaro Báez.

Agencias