El Gobierno implantará en los próximos días un cepo a los juicios contra obras sociales y prepagas. Lo hará a través de la reactivación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), un proyecto que quedó trabado el año pasado en el Congreso y que la administración de Mauricio Macri se comprometió a resolver antes de mitad de año. Mientras en el Gabinete confirmaban la decisión política de aplicar el nuevo esquema, en el sector dijeron que se hará a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). La versión concuerda con el interés del Ejecutivo de lograr un cierre moderado de la ronda de paritarias con los sindicatos.

Se trata de un histórico reclamo de los sindicatos con obras sociales y de las empresas de medicina privada. Desde ambas veredas la protesta es la misma: la proliferación de demandas de pacientes a quienes sus médicos prescriben medicamentos costosos que tienen reemplazos más económicos o tratamientos en el extranjero que podrían realizarse en la Argentina, que obtienen medidas cautelares a favor en la Justicia. El objetivo alegado de Agnet es "establecer prioridades de utilización de las tecnologías sanitarias a partir de su valoración clínica, ética, económica y social, y sus eventuales implicancias sobre el sistema de salud".

El espíritu del sistema es similar al que dio a luz el nuevo régimen de riesgos del trabajo con la creación de comisiones médicas encargadas de dictaminar sobre los accidentes laborales. En uno y otro caso el propósito es evitar la litigiosidad. Según directivos de obras sociales y prepagas las demandas por medicamentos y tratamientos médicos representan un sobrecosto en torno del 10% para el sistema de salud.

Diálogo 

El tema fue uno de los ejes de la charla que mantuvieron la semana pasada el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana con la mesa chica de la CGT. En ese encuentro, que reanudó un diálogo interrumpido desde la marcha de la central obrera en marzo y el paro nacional de abril, los funcionarios ofrecieron el relanzamiento de la Agnet como prenda de negociación con el sindicalismo tradicional. La situación financiera de las obras sociales y el eventual impacto de la nueva agencia en el sector será, además, uno de los ítems que abordará mañana el Consejo Directivo de la CGT. 

Una vez creada, la Agnet funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud y sus dictámenes deberán ser vinculantes para los jueces que deban analizar demandas de pacientes. Según el proyecto del año pasado, que trabó la oposición justicialista, quedarán en análisis de los miembros de la Agencia "medicamentos, dispositivos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza de acuerdo a criterios de eficacia, efectividad, equidad y costo-efectividad en beneficio del interés común"
Fuente:Mariano Martìn