A un mes del cierre de listas para las elecciones legislativas, el Gobierno se prepara para días de mucha conflictividad con los movimientos sociales.

“El próximo mes va a ser difícil.Muchos sectores y organizaciones van a salir a disputar lugares en las listas en la calle y nosotros vamos a ser el instrumento para eso”, apuntan desde el Ministerio de Desarrollo que dirige Carolina Stanley.

No es una afirmación de ocasión: precisan que en los últimos días hubo movimientos de algunos sectores que sorprendieron y dejaron sin margen de negociación a los funcionarios.

El último fue un pedido que delegados territoriales de la CTA de Pablo Micheli acercaron hasta la puerta del histórico Edificio del Ministerio de Obras Públicas: 25 mil nuevos planes sociales. Se trata casi del 10% de los planes que actualmente otorga el Gobierno por Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Trabajo Autogestionado, entre otros programas vinculados a la economía popular.

La magnitud del pedido terminó de encender las alarmas en el Gobierno.

“Si ya vienen con un reclamo así quiere decir que no vienen con intención de negociar, sino de buscar alguna excusa para salir a la calle”, analizan desde la Casa Rosada.

A fin del año pasado y acorralado por la conflictividad en las calles, el Gobierno aceptó decretar la Emergencia Social y se comprometió con los movimientos sociales a trazar un plan a tres años en materia de política social y realizar una inversión global de 30 mil millones de pesos.

Sin embargo, luego de que se aprobara en el Congreso, el Gobierno demoró tres meses en reglamentar la ley y la situación se volvió a tensar.

Pero en marzo reaccionó a tiempo para evitar una marcha de los movimientos sociales a Plaza de Mayo.

El acuerdo de diciembre les sirvió a organizaciones para potenciarse, ya que lograron avances concretos para sus agrupados. Se trata de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y Barrios de Pie. Con ellos, más allá de que el 1° de mayo los movimientos sociales realizaron la concentración más grande -unas 50 mil personas- y días atrás hubo ollas populares pidiendo la “emergencia alimentaria”, en el Gobierno no esperan grandes conflictos.

Tampoco con el Movimiento Evita, que además de haberse posicionado tiene avanzado su acuerdo electoral en la interna del PJ.

En cambio, el Ejecutivo nacional prevé que se endurecerán quienes quedaron afuera de ese acuerdo: el Frente de Organizaciones Populares (FOP), Peronismo 26 de Julio, Frente Barrial 19 de Diciembre y la Corriente Nacional Martín Fierro, que en los últimos días lanzaron un plan de lucha en reclamo a ser incorporados al Consejo de la Economía Popular, creado a partir de la ley de Emergencia Social.

“Todo el año pasado se negaron a sentarse a dialogar. No trajeron ninguna propuesta coherente. ¿Y ahora se apuran?”, cuestionan desde Nación.

Algunas de estas organizaciones peronistas quedaron en medio de la puja del PJ en terreno bonaerense, entre los dirigentes que aún reconocen el liderazgo de Cristina Kirchner y quienes impulsan la candidatura de Florencio Randazzo.

Precisamente, el ex ministro del Interior y Transporte se aseguró días atrás el apoyo del Movimiento de Unidad Popular (MUP), otra de las organizaciones que tildaban de confrontativa.

También -estiman en Gobierno- se mostrarán inflexibles movimientos de izquierda, como el Polo Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Y consideran que Quebracho, tras la salida de Fernando Esteche, se radicalizará aún más. “Esteche se fue porque no quería más lío”, sostienen.

¿Qué postura tomará la Nación? Esta semana, tras el regreso de Mauricio Macri de su gira por Asia, se terminará de pulir la estrategia. Pero desde Balcarce 50 buscan desalentar las expectativas y dicen que no harán grandes concesiones. Avisan que primero se auditarán los más de 2 mil proyectos de unidades productivas que presentaron los movimientos sociales a raíz de la Emergencia Social.

En eso trabajarán los viceministros de Stanley, el secretario general de Gestión y Articulación Institucional Carlos Pedrini; y Matías Kelly, secretario de Economía Social.

Con todo, y previendo que la vuelta de los piquetes puede influir en el electorado el Gobierno se prepara para dar la batalla comunicacional en la campaña. Por eso Stanley, aunque no será candidata, recorrerá el Conurbano “en espejo” a los movimientos de la gobernadora bonaerense -y su amiga- María Eugenia Vidal. “Va a ser importante para explicar todo lo que hicimos en materia social ya que la oposición va a querer volver a instalar prejuicios contra este Gobierno”, concluyen. 

Agencias