El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó el decreto de convocatoria a una asamblea constituyente originaria para que redacte una nueva carta magna, 

El documento, que debe ser revisado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), postula la elección de 540 constituyentes; de ellos, 364 lo serán por origen territorial y los demás representarán a organizaciones de trabajadores, campesinos, estudiantes y empresarios, así como a consejos comunales y pueblos indígenas.

Mientras, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante, capitán Diosdado Cabello, afirmó que la Fiscalía "no actúa" para perseguir penalmente a quienes, a su juicio, atacaron a personas y bienes afines al oficialismo.

"No puede haber venezolanos que sean capaces de incendiar 52 autobuses, venezolanos que sean capaces de dispararle a un compañero y no estén detenidos, que no se haya abierto la averiguación porque la Fiscalía no actúa", dijo Cabello en Caracas, durante la marcha oficialista "por la paz y contra el fascismo".

Cabello suele anticipar las medidas más polémicas del gobierno, como cuando vaticinó el año pasado que no habría referendo revocatorio del mandato de Maduro ni otros procesos electorales.

El referendo revocatorio fue finalmente denegado y las elecciones de gobernadores, que debieron efectuarse en diciembre de 2016, fueron aplazadas sin fecha.

Ortega Díaz remitió la semana pasada una carta al ministro de Educación y jefe de la comisión presidencial para la constituyente, Elías Jaua, en la que fustigó la iniciativa.

La fiscal general afirmó en ese texto que "para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución".

Una nueva carta magna, "lejos de coadyuvar a la ansiada reconciliación nacional, generaría un alto grado de incertidumbre, habida cuenta del riesgo y la desconfianza que se produciría", dijo Ortega, quien deploró el "carácter sectorial o corporativo" del proceso de elección de los constituyentes.

La de Ortega es "una opinión política más de las muchas que hemos recibido durante este intercambio con sectores que comparten la iniciativa y con los que no la comparten", sostuvo ayer Jaua.

La jefa de los procuradores está en el centro del debate desde comienzos de abril, cuando cuestionó severamente los fallos con que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, bajo control del chavismo) limitó la inmunidad de los diputados y se arrogó la facultad de legislar.

A comienzos de mayo reprobó la iniciativa de llamar a una constituyente porque la vigente es "la Constitución de (el ex presidente Hugo) Chávez" y poco después condenó la represión violenta de efectivos militares y policiales a las manifestaciones opositoras.

"No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley", dijo en una entrevista publicada el 4 de este mes por el diario estadounidense The Wall Street Journal.

Ortega Díaz también fue cuestionada indirectamente ayer por el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, quien dijo en rueda de prensa que el gobierno computa una cantidad mayor de víctimas de las últimas protestas porque "otras cifras" no consideran "las víctimas chavistas de sicariato".

Tal como sucedió durante las protestas ocurridas entre febrero y junio de 2014, el único organismo que lleva un cómputo consolidado de víctimas es el Ministerio Público (MP), cuyo último balance, con fecha de ayer, reportaba 49 muertos y 1.022 heridos.

Tras ese informe, el MP comunicó hoy que investigaba también los asesinatos de Miguel Ángel Bravo, Alfredo Carrizales, Elvis Montilla y Freiber Pérez Vielma, ocurridos todos ayer en distintos puntos del estado Barinas, donde se produjeron violentos enfrentamientos y saqueos, incluso en la casa natal de Chávez.

La convocatoria a la constituyente fue criticada también por el juez del TSJ Danilo Mojica, quien en un video publicado en Youtube sostuvo que "no es la solución a la crisis que sufre el país" y advirtió que ésta tampoco "se solucionará con medidas de represión de los cuerpos de seguridad y militares".

Designado a fines de 2014 por la entonces mayoría chavista en la Asamblea Nacional (parlamento), Mojica fue sin embargo uno de los magistrados que en enero de este año no asistió a la rendición anual de cuentas de Maduro ante el TSJ por considerar inconstitucional que no lo hiciera ante el Legislativo.

La Asamblea, solo con la asistencia de la mayoría opositora, aprobó esta tarde "desconocer" las "bases comiciales para la convocatoria" de la constituyente "presentadas por Nicolás Maduro".

Asimismo, determinó "convocar a un referendo que permita al pueblo de Venezuela expresarse a través del voto universal, directo y secreto sobre la pertinencia de una asamblea nacional constituyente y sobre los mecanismos electorales para la solución de la actual crisis".