El 29 de marzo pasado, la comisión de Acuerdos del Senado recibió en audiencia pública a Aníbal Pineda, propuesto por el Poder Ejecutivo para integrar como vocal la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Ese día, otros 5 candidatos a jueces y dos a defensoras oficiales, también pasaron por la audiencia. Esa misma jornada, los pliegos de los 8 postulantes obtuvieron dictamen favorable y quedaron en condiciones de ser aprobados en el recinto.

Pasó abril, pasó mayo, junio empieza a terminarse y aún los pliegos siguen cajoneados, al igual que los de otros 19 candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales que en los últimos dos meses obtuvieron despacho favorable en la comisión de Acuerdos.

El oficialismo intentó llevar su tratamiento al recinto, pero no lo logró por la oposición de la bancada del PJ-FpV, mayoritaria y determinante en la Cámara Alta, según dijeron en el interbloque Cambiemos y confirmaron en la bancada peronista.

Fue la forma de presión que encontró el peronismo para mostrar su disconformidad con el proceso de elevación de pliegos al Senado.

El malestar obedecía a que las ternas que eran propuestas por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo eran “negociadas” en ese órgano del Poder Judicial entre el oficialismo y los representantes kirchneristas, pero sin participación de los senadores que responden a los gobernadores peronistas del interior.

De los 6 consejeros que representan al Congreso, una mitad son oficialistas y la otra peronistas. Eso sí: los tres peronistas -Ruperto Godoy, Virginia García y Rodolfo Tailhade- están alineados con Cristina Kirchner.

Los K Rodolfo Tailhade y Ruperto Godoy junto al académico Jorge Candis, en una reunión del Consejo de la Magistratura.

Pero el “pataleo” peronista del Senado fue más que nada una jugada anticipatoria. Es que según se dice, los 27 pliegos que ya tienen dictamen favorable más los de otros 8 candidatos que ya fueron ingresados y ahora deben pasar por la audiencia pública no generarían resistencias.

El problema es con los que están a punto de ser propuestos por el Poder Ejecutivo al Senado. Dos son clave porque tienen competencia electoral. Se trata de los candidatos para cubrir el Juzgado Federal Nº 1 de Salta y el Juzgado Federal de primera instancia de Catamarca.

Hay un tercer cargo importante en juego: una vacante en la Cámara de Apelaciones de Paraná, Entre Ríos.

El planteo de los senadores peronistas al ministro de Justicia Germán Garavano fue que no querían atribuirse las funciones del Consejo de la Magistratura pero que pretendían existiera un sistema de consultas con la Cámara Alta.

Dicho en criollo: que antes de enviarles pliegos que se habían “negociado” con el kirchnerismo se debía consultar también al Senado, sobre todo cuando se trata de jueces federales con competencia electoral en las capitales provinciales.

“Pretendían que validáramos en el Senado un acuerdo político cocinado en el Consejo de la Magistratura. No somos una escribanía”, planteó un senador justicialista.

La presión habría funcionado. De acuerdo con las fuentes consultadas, el Gobierno aceptó la condición del peronismo y a partir de ahora antes de enviar los pliegos buscará el okey de manera reservada.

Es más: el próximo 5 de julio la comisión de Acuerdos, que preside el salteño Rodolfo Urtubey, tiene planeada reunirse para volver a emitir dictámenes.

Senador Rodolfo Urtubey, titular de la comisión de Acuerdos del Senado.

Entre los pliegos que tratará próximamente esa comisión se encuentran el de Julio Bavio, candidato a juez Federal de Salta, el de Miguel Ángel Contreras, propuesto para el Juzgado de Catamarca, y el de Aldo Alurralde, nominado para la Cámara de Paraná.

Ninguno de los ellos estaría objetado por los gobernadores peronistas de esas tres provincias.

La semana pasada, la flamante Asociación de Jueces Federales (Ajufe) firmó su primer pronunciamiento con una “propuesta par avanzar en causas de corrupción”.

Integrantes de la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) de la República Argentina.

De acuerdo con los jueces, “existen enormes dificultades prácticas” que les obstaculizan su trabajo “cotidianamente”. Entre los principales, obstáculos destacan “la falta de recursos materiales y tecnológicos, la gran cantidad de juzgados vacantes y la demora en la designación de magistrados, así como también la ausencia de legislación actualizada que brinde herramientas rápidas y efectivas para combatir la corrupción”.

Habrá que ver si el reclamo de los magistrados más este acuerdo en el que avanza el oficialismo con la oposición peronista en el Senado logra acelerar el nombramiento de jueces federales, sobre todo los del interior.

Es que de acuerdo con las fuentes consultadas, en la oposición justicialista no habría mayor resistencia a los nombramientos en la Justicia Federal porteña. Su preocupación era con los del interior
Fuente:Carlos Galvàn