La avanzada oficial para apurar el tratamiento en el Congreso del proyecto de ley que modifica la Ley de Abastecimiento envalentonó al empresariado, que ayer salió al unísono a objetar duramente la iniciativa por “inconstitucional”. A los reclamos de la UIA y la Copal, se sumaron en las últimas horas con fuertes críticas la Asociación Empresaria Argentina (AEA); la Sociedad Rural (SRA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Aunque no emitieron comunicados, el resto de las entidades empresarias también manifestó su repudio a la iniciativa, que ya tiene ingreso en las comisiones de Derechos y Garantías; Industria y Comercio y Justicia del Senado, aunque sin fecha para su tratamiento. 
Además de hacer pública su preocupación, los empresarios insistirán con gestiones ante los legisladores, tal como lo hizo Copal con la carta que envió a ambas cámaras y a las comisiones. Además, hoy habrá un encuentro de la mesa chica de la UIA con el secretario de Comercio, Augusto Costa, para analizar en detalle el proyecto y las objeciones jurídicas que los dirigentes industriales tienen para hacerle al proyecto. 
El funcionario ya les había adelantado que no tenía mucho para hacer, pero igualmente los empresarios harán el intento. El encargado de llevar las argumentaciones contra la iniciativa será el abogado de la UIA y titular de Copal, Daniel Funes de Rioja.
Aunque están en permanente contacto, también podría haber un encuentro del Grupo de los 6 (G6) en los próximos días. De hecho, los abogados de las entidades del grupo analizaron ayer los proyectos en un encuentro reservado.
“Este proyecto constituye un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas, claramente inconstitucional, ya que afecta el derecho de propiedad y a ‘ejercer toda industria lícita’ garantizados por nuestra Constitución, generando un fuerte disuasivo a la actividad empresaria, inversiones productivas y el empleo”, afirmó la AEA en su comunicado. La entidad que preside Jaime Campos lo consideró, además, “inoportuno, en momentos de dificultades en la actividad económica y de graves problemas en las relaciones financieras internacionales del país”. 
A su vez, la CAC consideró que “la reforma planteada a la Ley de Abastecimiento no sólo no es superadora de la actual legislación, sino que, en vez de mejorar las condiciones de negocios y la seguridad jurídica para fomentar la inversión en la economía, consolida el intervencionismo del Estado en el mercado”.
Aunque el Gobierno insiste en que la ley sancionada en 1974 está vigente y sólo se aplica en casos excepcionales, la derogación de varios artículos de esa norma generó una zona gris y de discusión legal, ya que para muchos abogados la ley no está operativa. 
La cámara que lidera Carlos de la Vega expresó que si bien el proyecto afirma querer evitar abusos por parte de grupos económicos concentrados, “parece olvidar que la competencia libre es la mayor garantía de defensa del consumidor”. El directivo se reunirá el martes con Costa. 
También realizó cuestionamientos la SRA, que a través de un comunicado aseguró que “este tipo de intentos confiscatorios son los que alejan a las inversiones, especialmente en momentos en que la economía se retrae y día a día se pierden puestos de trabajo”. “El campo sabe de las consecuencias del autoritarismo y la excesiva intervención del Gobierno en el mercado, que no sólo afectó a los productores agropecuarios sino también a los consumidores”, recordó la entidad presidida por Luis Etchevehere.