La insistencia dio sus frutos. Luego de que el miércoles fracasara la reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y General, el oficialismo logró dictamen de mayoría para debatir la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que Mauricio Macri había pedido durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo. La norma busca sancionar a las empresas que estén envueltas en delitos de corrupción.

El Frente Renovador, el bloque Justicialista y la Izquierda adelantaron que presentarán dictámenes de minoría mientras que el Frente para la Victoria no se presentó ni ayer ni hoy. La idea de los diputados de Cambiemos es que se debate en el recinto en dos semanas, el 28 o 29 de junio, días después del cierre de listas.

En las últimas semanas hubo varias discusiones en torno a los cambios que recibió la iniciativa ya que el oficialismo y la oposición habían consensuado cambios pero Germán Garavano, ministro de Justicia, y Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, solicitaron nuevas modificaciones. A pesar de esto, en Cambiemos son optimistas en cuanto a conseguir los apoyos para aprobarla.

"Es una ley importante. Quedó expuesto el Frente para la Victoria porque no estuvo ninguno, lo que muestra que están en contra. Es una ley que avanza contra la corrupción, hay que justificar estar en contra", sostuvo en diálogo con Infobae el diputado Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General. 

En definitiva, los cambios sustanciales que permanecieron fueron que se cambia el eje de la culpabilidad porque se condenará a personas jurídicas (empresas), que los involucrados podrán ser multados y el dinero se destinará a la educación y a la salud, y que las empresas pueden llegar a un acuerdo a cambio de información.

También aparece la figura de "colaborador eficaz", que sería el equivalente a la figura del arrepentido en las personas físicas. Lo que implica es que si esta persona devuelve el dinero por el delito que se la acusa o brinda información, puede tener una reducción de condena, aunque nunca podrá ser eximido de prisión.

El caso Odebrecht también está contemplado porque será retroactiva para acuerdos administrativos pero no jurídicos, ya que la ley penal no puede volver atrás. El artículo 37 estipula que las empresas podrán firmar un acuerdo con el Estado para que aporten información y se les reducen las sanciones. En el caso de la empresa brasilera involucrada en el Lava Jato, se podría aplicar para los sobreprecios.

Agencias