La presidenta Cristina Kirchner denunció esta tarde que fondos buitre están detrás de la quiebra solicitada por la gráfica Donnneley, ubicada en Garín, y sugirió que contó con la connivencia de la Justicia argentina, por lo que le aplicará a la empresa la "ley antiterrorista, porque buscan alterar el orden económico y financiero" del país.

En otro acto por cadena nacional, la presidenta sugirió que la quiebra de Donnelley, que amenaza dejar 400 despedidos, fue orquestada por los fondos buitre, y anunció que la AFIP se presentó ante el juez de la quiebra para que la revierta.

"Estamos ante un caso fraudulento para intentar atemorizar a la población", denunció la jefa de Estado.

Durante un acto en la Casa Rosada, la mandataria vinculó a la empresa con el fondos de inversión ‘Black Rock‘ vinculado -dijo- a Paul Singer y denunció que "su situación patrimonial era buena y sin embargo pidió la quiebra", por lo que consideró el cierre de la firma como un hecho "casi mafioso", un caso "de manejo fraudulento, de intento de aterrorizar a la población".

En ese contexto, denunció a quienes quieren "crear un clima de temor, de pérdida de trabajo" y aclaró que el caso de la multinacional Donnelley "no tiene nada que ver con el tema de (la autopartista) Lear, que es un problema vinculado a un tema gremial".

Luego explicó cómo la empresa solicitó la quiebra. “Lo hizo el viernes 8 de agosto y salió la quiebra express el lunes siguiente. Ese mismo día la compañía hace una presentación ante la SEC (Comisión de Valores de EE.UU.) debido a condiciones de negocios insostenibles. Entonces la AFIP se presentó ante el juez de la quiebra para que la revoque. Por esto el Gobierno aplica la ley antiterrorista por alteración del orden económico y financiero y vamos a ir a la SEC para que los accionistas de Donnelley justifiquen cómo perdieron u$s 20 millones. Conmigo de Presidenta de rodillas no nos van a ver”.

La presidenta detalló que la Ley Antiterrorista se aplica por primera vez y contra una empresa multinacional. Recordó que cuando se sancionó “muchos decían que se iba a utilizar contra los trabajadores”.

Sin embargo, se puso en práctica inicialmente contra Juan Pablo Suarez, un periodista de Última Hora, de Santiago del Estero, que registró una agresión brutal contra el cabo Nelson Villagran, un efectivo que reclamó una mejora salarial la noche del 9 de diciembre de 2013. En la redacción, Suarez fue detenido sin orden de allanamiento por policías encapuchados y luego recibió una denuncia penal por el fiscal Pedro Simón.

Al respecto, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) condenó la presentación de Simón que hizo ante el fuero federal de Santiago del Estero dentro de la Ley antiterrorista. La emparentó con “sistemas políticos totalitarios” y exhortó a los protagonistas de la vida pública a que “se abstengan de introducir cuñas, fruto de la intolerancia” y a ejercer “la coerción legal o la violencia encubierta”.

En un comunicado, la entidad señaló que “atribuir a un periodista un comportamiento delictivo, tipificado en la llamada ley de antiterrorismo, por haber informado sobre hechos de violencia que se habrían producido en la provincia con motivo del conflicto suscitado en sus fuerzas policiales” constituye “un precedente sumamente grave para el futuro desenvolvimiento de la prensa libre en la Argentina”.