El Senado iniciará hoy el debate del proyecto de ley que tipifica la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que pone especial énfasis en el castigo a los delitos vinculados a casos de corrupción, con la presencia del ministro de Justicia, Germán Garavano .

La presencia del ministro está prevista para las 15.30 ante la Comisión de Justicia. Se espera que plasme la opinión del Gobierno sobre la versión del proyecto que aprobó la semana pasada la Cámara baja, que le introdujo importantes modificaciones al texto remitido por el Poder Ejecutivo en el paquete de iniciativas denominado Justicia 2020.

En ese sentido, una de las certezas que se tienen por estas horas en la Cámara alta es que el proyecto sufrirá modificaciones, lo que lo obligará a volver en segunda revisión a Diputados.

Otra certeza que se tiene a priori es que la reunión de esta tarde será apenas el inicio de un tratamiento que, aseguraron fuentes legislativas, recién se estaría completando a finales de agosto.

Una vez concluida la exposición de Garavano, los senadores decidan un cronograma de tratamiento que incluirá una lista de expositores que serán invitados a dar su punto de vista sobre el proyecto, agregaron los voceros consultados para confirmar que no habrá trámite exprés.

El proyecto fue aprobado por la Cámara baja la semana pasada como corolario de un extenso debate que incluyó dos sesiones y la inclusión de cambios en su articulado hasta último momento.
De hecho, en pleno recinto, y a propuesta del Frente Renovador, se incluyó una cláusula que declara, como para los de lesa humanidad, la imprescriptibilidad de los casos vinculados a la corrupción. Además, se votó un agravamiento de la pena mínima de ésos delitos, de manera de impedir la excarcelación de los condenados.

Precisamente, los trueques de modificaciones por votos entre Cambiemos y el massismo es la causa que esgrimen en el Senado, sobre todo en el PJ, para anticipar los cambios que se le introducirán al proyecto. "Eso que salió es una porquería", opinó, lapidario, un senador peronista.

Redactado inicialmente para penalizar a las personas jurídicas por su participación en casos de corrupción, el proyecto terminó incorporando a las empresas como sujetos de castigo por cualquier ilícito que se encuentre contemplado en el Código Penal.

Sin embargo, el oficialismo fracasó en su intento por aprobar un artículo (el 37 del texto original), que permitía a las empresas acogerse a beneficios penales a cambio de aportar información sobre casos de corrupción anteriores a la sanción de la iniciativa.

Era el denominado "artículo Odebrecht", que concedía la extinción de la pena a cambio de información y le permitía al Poder Ejecutivo sellar acuerdos judiciales sin la intervención del Ministerio Público Fiscal. El texto fue rechazado por todo el arco opositor y su eliminación mirada con simpatía por amplios sectores de la UCR.

Agencias