El encuentro catalogado como una "mesa de trabajo" de carácter "más técnico", inició después de las 9.30 en Washington, a donde la comitiva argentina integrada por once personas, arribó el lunes por la mañana. Ayer previo al reunión con el personal de la unidad denominada Acta de Prácticas Corruptas Cometidas en el Extranjero (FCPA sus siglas en inglés), los jueces y fiscales participaron de una celebración en la embajada argentina en conmemoración al 9 de julio.

Hoy la jornada tuvo como máxima prioridad la reunión donde se busco analizar y conocer la información vinculada a Odebrecht. Algo que se logró tras la extensa reunión.

Concluyó la reunión con los jueces y fiscales argentinos en Washington por las causas sobre Odebrecht.

En el imponente edificio del Departamento de Justicia, sobre la avenida Pennsylvania al 900, y después de más de cuatro horas, concluyó el encuentro entre el personal judicial estadounidense que integran el Acta de Delitos de Corrupción cometidos en el extranjero, con los jueces y fiscales federales de Argentina, donde también participó un representante de la Oficina Anticorrupción. "Fue una reunión muy buena e importante" señalaron fuentes oficiales.

El punto de encuentro fueron las causas por corrupción que Odebrecht tiene abiertas en Argentina y la información que obtuvo Estados Unidos, donde la firma brasileña firmó el acuerdo de culpabilidad reconociendo el pago de sobornos. Según confirmaron los magistrados, fiscales y funcionarios  que accedió a una base de datos que permitirá la confección de exhortos "con datos más precisos".

La Justicia argentina busca avanzar en las causas donde es investigada al constructora Odebrecht por sobreprecios y pago de sobornos. En el encuentro de hoy, según señalaron fuentes con información sobre la reunión,  se accedió a una base de datos "y los e-files del caso" donde hay detalles de las coimas que la constructora pagó en Argentina. Esto permitirá "la creación de nuevas medidas de prueba" y a su vez, como una posibilidad la confección de nuevos exhortos con datos más específicos relacionados a la empresa. Y también, generar "nuevas medidas de prueba".

"Fue un buen encuentro muy positivo para jueces y fiscales", señalaron fuentes oficiales al concluir la reunión.

El desarrollo del encuentro organizado por la justicia norteamericana, se movió con total hermetismo y celo respecto a la información sobre el desarrollo y contenido de la reunión. Sin embargo, fue una de las reuniones más extensas que mantuvo en materia judicial, en relación a otros países. La misma se desarrolló en el marco del acuerdo de cooperación de información judicial bilateral entre ambos países.

En Estados Unidos el gigante brasileño, firmó la delación premiada y en de la declaración de uno de sus principales directivos -Marcelo Odebrecht-, se desprende que se transfirieron a Argentina más de U$S 35 millones entre 2007 y 2014. A su vez, que los pagos fueron realizados "a intermediarios" que después derivaban dichos fondos a funcionarios. Todo estuvo vinculado a tres grandes proyectos de infraestructura "en los que Odebrecht tuvo beneficios por 278 millones de dólares".

Los jueces y fiscales siguen la ruta, en distintas causas, del movimiento de fondos: se quiere desentrañar a quiénes se les realizó el pago inicial y a qué funcionarios iban dirigidos, como así también la documentación que respalda tales dichos. En Estados Unidos para realizar una declaración como la que hizo Odebrecht la exigencia es la prueba documental que lo confirme. Asimismo, se busca especificar a qué obras de infraestructura la empresa se refería.

Qué investiga cada juez
El juez Casanello investiga a la firma brasileña por la construcción de la planta Paraná de las Palmas que adjudicó AySa, y se analizan los números de la obra sospechada de sobreprecios y pago de coimas.

El juez Rafecas tiene la causa sobre la ampliación del gasoducto norte que Odebrecht obtuvo por 2.300 millones de dólares, también bajo la premisa de haber cobrado sobreprecios.

El juez Martínez De Giorgi y el fiscal Picardi investigan la construcción del soterramiento del tren sarmiento, que tiene una inversión de 3.000 millones de dólares.

El juez Ramos tiene una causa vinculada a Petrobras por la venta de Transener y donde se involucra a Julio De Vido y a la firma Electroingeniería.

Por su lado, el fiscal Rodríguez titular de la PIA, tiene una preliminar por denuncias realizadas de forma anónima vinculadas a las plantas potabilizadoras de AYSa.
Fuente:Lucìa Salinas