Precios de alquileres excesivos, exigencia de garantía de Capital Federal, cobro de comisiones que superan el mes y los aumentos semestrales, entre otros puntos, son la consecuencia de haber dejado el derecho a la vivienda en manos del mercado, aseguran las organizaciones que impulsan una campaña para la elaboración de una "Ley en Defensa de los Inquilinos".

Paula Resels, integrante del Movimiento Popular La Dignidad, que junto a la Red de Inquilinos, Patria Grande y Movimiento de Trabajadores Excluidos impulsan la campaña, explicó que "el derecho a la vivienda y a la tierra en la Ciudad de Buenos Aires están siendo vulnerados para la mayoría de sus habitantes, tanto de clases medias como de sectores populares".

Los cada vez más crecientes requisitos hacen que cada vez sea más difícil acceder a un alquiler: "La garantía de Capital de familiar directo como excluyente, por ejemplo, hace que una persona o familia que quizás económicamente podría acceder a un alquiler deba terminar viviendo en una villa o en un hotel".

Aún si se pudiera superar esta barrera, los montos de los alquileres comprometen más del 40 por ciento de los salarios, y el dinero que hay que entregar para poder ingresar a la propiedad puede llegar hasta los seis meses de alquiler entre adelantos, depósito y comisión.

De 1.150.000 hogares que hay en la Capital, un tercio son ocupados por inquilinos y hay 250.000 personas viviendo en villas, hoteles e inquilinatos; en tanto se estima que existen 150.000 viviendas ociosas.

Entre las propuestas que debería contener una "Ley en Defensa de los Inquilinos", las organizaciones plantean en primer lugar la fijación de precios máximos para las propiedades que podrían ser calculadas como el 0,7 por ciento del VIR (Valor Inmobiliario de Referencia) fijado por la AGIP (Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos).

También proponen la "creación de un fondo de garantías para locaciones con destino vivienda", que serían garantías extendidas por organismos públicos que se podría conformar con fondos provenientes de un Impuesto a la Vivienda Ociosa, cuya creación es "central" en la demanda.

Se plantea también limitar el cobro de las comisiones, de los depósitos en garantía yextender el límite de los vencimientos y se propone la creación de una Defensoría de los Inquilinos y de un Ministerio de la Vivienda.