El Senado comenzará a tratar hoy en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el proyecto de ley que crea un régimen penal para las empresas, en lo que será una prueba para medir la temperatura política de la cámara luego del malestar generado en la oposición peronista por el abrupto levantamiento de la última sesión.

La iniciativa, pensada para combatir el lado privado de los casos de corrupción pública, fue aprobada por Diputados el mes pasado con un grosero error (dos artículos se contraponen en sus resoluciones), lo cual anticipa que el texto sufrirá modificaciones y volverá a la cámara de origen. A esos cambios se sumarán otros que ya analizan introducir tanto el Frente para la Victoria (FPV) como el interbloque oficialista de Cambiemos.

En la jornada de hoy se espera la presencia de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y del presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, entre otros invitados.

La reunión será una suerte de continuación de la fallida presentación, hace tres semanas, del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien pidió concurrir a la comisión para dar la opinión del Ejecutivo sobre el proyecto.

Sin embargo, aquel encuentro terminó en un papelón: al momento de sentarse el ministro, el texto aprobado por Diputados una semana antes todavía seguía sin ingresar al Senado debido al grosero error cometido durante el debate en la Cámara baja. Así se lo hicieron notar los jefes de la bancada oficialista, Ángel Rozas (UCR-Chaco), y del FPV, Miguel Pichetto (Río Negro), quienes coincidieron en señalar que no se podía iniciar la discusión sin tener a la vista el texto.

Más allá del incidente, Garavano dejó en claro en su exposición que el Poder Ejecutivo pretende recuperar el denominado artículo 37 del proyecto de ley original, que abría la puerta para que se pudiera aplicar de manera retroactiva beneficios penales a cambio de la delación por parte de las empresas de los funcionarios que hubieran participado de un caso de corrupción. Por considerarla inconstitucional y un traje a medida para utilizar en el caso Odebrecht, el FPV y el massismo rechazaron esa pretensión y eliminaron la cláusula.

Según confiaron fuentes legislativas, la intención es extender el debate y tratar de emitir dictamen para llevarlo al recinto en la sesión del 16 de este mes.

Sin embargo, el clima electoral podría conspirar contra ese cronograma. Mucho más después de la polémica sesión del 12 julio pasado, cuando el vicepresidente del senado, Juan Carlos Marino (UCR), aprovechó un descuido del PJ para levantar de manera intempestiva la reunión para evitar así el rechazo a un DNU del Gobierno.