Caracas - En el último intento por impedir la instalación de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente ciudadana prevista para este viernes, la Fiscalía General de Venezuela pidió a un tribunal que anule por "fraude" la elección del pasado domingo donde, según la empresa de tecnología informática encargada del escrutinio, se detectó una discrepancia de al menos un millón de votos con el resultado oficial -dijo que superaron los 8 millones de sufragios-.

"Podemos estar en presencia de un delito de lesa humanidad", argumentó la Procuradora Luisa Ortega, quien ya había designado a dos fiscales especiales para investigar a cuatro magistrados del Consejo Nacional Electoral "por este hecho tan escandaloso". Por eso, volvió a reclamar que se haga una auditoría con la participación de expertos nacionales e internacionales.

En su petición, además de requerir "el resguardo del material electoral utilizado", se basó en "anteriores medidas cautelares presentadas por particulares, las cuales suspendieron la proclamación de los diputados por el estado Amazonas (2015) y la solicitud de referendo revocatorio contra el Presidente de la República (2016), por supuestas irregularidades".

En el mismo sentido, una comisión del Parlamento solicitó al Ministerio Público que investigue penalmente a quienes hayan incurrido en el presunto delito electoral de manipular datos.

A LA HORA SEÑALADA

Tras la decisión del mandatario Nicolás Maduro de postergar la instalación de la Constituyente para este viernes a las 11 a los efectos de que "se organice bien, en paz, en tranquilidad", la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) hizo lo propio con la movilización que iba a realizar ayer y llevará a cabo al mediodía -partirán cinco columnas desde distintos puntos de Caracas-, lo que anticipa enfrentamientos en las calles con los militantes oficialistas que convocó el Palacio de Miraflores para "acompañarán" a los 545 asambleístas que reformarán la Carta Magna.

También se temen disturbios dentro del Congreso, dominado por la oposición y donde el Ejecutivo pretende que funcione la Constituyente. Por lo pronto la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ya tomó el control del Salón Elíptico para "empezar a trabajar en la seguridad de la ceremonia de instalación".

El propio Jefe de Estado adelantó que la Constituyente trabajará para eliminar la inmunidad de los diputados; echará a Ortega; sancionará "severamente las "mentiras" que propagan "las cadenas televisivas privadas"; y promete instaurar una "comisión de la verdad" que "haga pagar a los líderes opositores por la violencia y las muertes que han desencadenado".

Pese a este inquietante panorama, Venezuela sumó su cuarta jornada de un período de relativa calma. Después de más de 120 días de marchas que han mantenido el país sumergido en el caos, con bloqueos de calles y la feroz represión por parte de las fuerzas de seguridad, se respira una atmósfera de cierta tranquilidad, aunque todo indica que será efímera.

Así, los barrios habitados por la clase media, en los que desde abril casi no no se observaba tránsito vehicular, amanecieron con las vías despejadas.

CIFRAS QUE INQUIETAN

La ONG Foro Penal Venezolano reportó que el número de "presos políticos ha aumentado en promedio 6 veces desde el 1 de abril", cuando se iniciaron las manifestaciones antigubernamentales.

El director de la organización, el abogado Alfredo Romero, precisó que "son más de 600", cifra que "puede variar debido a que esto no es una sumatoria lineal".

El letrado comparó que antes de la mencionada fecha había 117 opositores presos y que, aunque varios de ellos han recuperado la libertad, otros terminaron detenidos luego.Agencias:Tèlam-Dpa-DyN