En un sorpresivo giro, el Gobierno decidió ayer escuchar los reclamos de las centrales empresarias, de la oposición y de sus propios senadores, y dio marcha atrás con muchas de las amplias facultades que le otorgaba a la Secretaría de Comercio para intervenir en la cadena de producción y de formación de precios del mercado mediante una polémica modificación a la ley de abastecimiento.

Así, la autoridad de aplicación, que se estima será la Secretaría de Comercio, ya no podrá disponer de clausuras e inhabilitaciones sin previa orden judicial. Además, se establecen de manera taxativa las causas que podrían motivar la intervención estatal en un mercado determinado.

La oposición reconoció el gesto del oficialismo , pero aseguró que los cambios no eran suficientes para eliminar toda la discrecionalidad que le otorga a la autoridad de aplicación.

Los cambios fueron anunciados ante un plenario de cinco comisiones del Senado por el secretario de Justicia, Julián Álvarez, y tuvieron directa relación con el análisis realizado en el Poder Ejecutivo y las sugerencias elevadas por sus propios legisladores acerca de que el texto, tal como estaba redactado, iba a ser objeto de fuertes objeciones en la Justicia.

Una vez anunciadas las modificaciones, el oficialismo firmó dictamen al proyecto de la ley de abastecimiento, que quedó así habilitado para su tratamiento en el recinto de la Cámara alta el próximo miércoles. En la misma sesión se discutirán las iniciativas que crean un Observatorio de Precios y el fuero judicial para usuarios y consumidores, que ayer también obtuvieron el visto bueno en comisiones.

A pesar de que el líder del bloque radical, Gerardo Morales (Jujuy), destacó que "los cambios son positivos para limitar arbitrariedades", el centenario partido mantuvo su rechazo a la iniciativa por considerar que aún mantiene amplias facultades discrecionales en manos de funcionarios del Poder Ejecutivo.

Así, Morales consideró inconstitucional la cláusula que obliga a las empresas a pagar las multas antes de poder recurrirlas en la Justicia. "Esto es denegación de justicia, algo que está prohibido por la Constitución", destacó el senador radical.

El mismo camino siguió el Frente Amplio Progresista. Así lo anunció el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe), quien destacó que el FAP comparte la idea de que el Estado debe regular el mercado, pero criticó el proyecto. "Esta herramienta parte de un diagnóstico equivocado y no es el remedio para el mal que vive el país en este momento, que es un estancamiento económico", afirmó.

Los cambios aceptados por el Gobierno son relevantes. Así, por ejemplo, se establecieron parámetros objetivos para la intervención de la autoridad de aplicación, eliminando la vaga fórmula original, que permitía la intromisión estatal cuando la autoridad de aplicación lo considerase "estrictamente necesario".

En este cambio tuvo un papel importante el senador Rodolfo Urtubey (FPV-Salta), quien acercó la idea al bloque oficialista y a los funcionarios del Poder Ejecutivo, con el objetivo de eliminar futuros conflictos judiciales.

Otro cambio que aflojó críticas y redujo la discrecionalidad del proyecto fue la tipificación de las conductas pasibles de ser sancionadas.

En la misma línea, Álvarez anunció la marcha atrás del Gobierno en su intención de aplicar sanciones graves sin autorización judicial, como la inhabilitación comercial o clausura especial temporaria para las empresas que incurran en violaciones de la ley de abastecimiento.

La misma prevención -solicitud de autorización judicial- deberán tomar las autoridades para requerir la extensión por 30 días de la clausura de un comercio.

Otro de los cambios aceptados por la administración kirchnerista fue la exclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas del alcance intervencionista de la iniciativa.

En el caso de aquellas empresas catalogadas como medianas, sólo quedarán alcanzadas por la norma aquellas que, por su situación en el mercado, tengan injerencia en la formación de precios.

Por último, Álvarez anunció que las empresas tendrán la posibilidad de recurrir total o parcialmente las multas que se les apliquen. En el caso del proyecto que crea el Observatorio de Precios, se aclaró que el Estado podrá intervenir y requerir de una empresa que produzca a pérdida ante determinada eventualidad, pero que a cambio deberá otorgar una compensación adecuada.