La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intervino ayer directamente sobre las reparticiones informáticas y abrió una intervención directa de "Asuntos Internos" para encontrar a los responsables directos de la violación de las identidades de los hombres del Gobierno que se sumaron al blanqueo impositivo.

En paralelo se buscará que lo más rápido posible se vuelvan a blindar los datos de los contribuyentes (personas y empresas) que se presentaron al llamado y cuyas identidades están en peligro de ser conocidas públicamente; condición indispensable de evitar si se quiere que este tipo de llamados tenga éxito. 

Alberto Abad, Rodolfo Canicoba Corral y Nicolás Caputo.

Mientras tanto, ayer por la mañana el organismo que maneja Alberto Abad presentó una denuncia penal para que la Justicia también intervenga en la investigación sobre los funcionarios que estuvieron involucrados en la filtración de los datos que indicaban que familiares de funcionarios, entre ellos el propio presidente Mauricio Macri, blanquearon fondos por unos 130 millones de dólares.

La causa quedó por sorteo en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral con la identificación de dos potenciales delitos: violación de secreto fiscal y defraudación. Entre otros datos, fueron publicados los montos blanqueados del jefe de Estado, el hermano del Presidente, Gianfranco Macri; el primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña; Alejandro Jaime Peña Braun; Nicolás Caputo, amigo del Jefe de Estado y un cuñado Pablo Clusellas, secretario legal y técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín. La intención de la AFIP es que el juez también se involucre en la investigación del caso y que los avances sea rápidos para poder ordenar la alterada situación interna dentro del organismo. 

Pero mientras la Justicia define, Abad comenzó a actuar de manera personal. La primera medida fue nombrar un interventor directo que tendrá como responsabilidades directas dos misiones: encontrar los culpables del filtrado y blindar los datos. Se trata de Néstor Sosa, director de Auditoría e Informática, hombre de confianza del titular de la AFIP y, desde ahora, con casi plenos poderes para avanzar "los más rápido y efectivamente posible" según las ordenes que recibió. Actuará bajo las condiciones de una jefe de "Asuntos Internos". Esto es, como agente de fiscalización con poderes especiales para avanzar en la investigación de sus propios compañeros. Sobre los responsables, se dicen dentro de "la Casa" que hay nombres ya bajo sospecha (tres), los que "se pasaron al lado oscuro" y habrían filtrado los datos "habrá que ver a cambio de qué y por recomendación de quién". A los que sean encontrados culpables se les aplicaría la pena mencionada en el artículo 87 de la ley de sinceramiento fiscal por violación del secreto para quienes se sumen al llamado y que incluye una prisión de dos años y una inhabilitación por 4 años para ejercer funciones públicas. Esto, obviamente, lo deberá determinar Canicoba Corral, pero la idea de Abad es que los nombres aparezcan rápido, se los separe y se los lleve al juzgado.

Alberto Abad, Rodolfo Canicoba Corral y Nicolás Caputo. Según ese artículo, la AFIP debe "guardar secreto" de la identidad incluyendo " la reserva de la identidad de los sujetos reportantes y reportados durante todo el proceso de análisis a cargo de la Unidad de Información Financiera y la prohibición de revelar la fuente de su información". Se incluye además en el secreto "la declaración voluntaria y excepcional que presente un contribuyente así como toda la información y documentación que aporte, las consultas que efectúe y el contenido de todos y cada uno de los trámites conducentes a la realización de dicha declaración". Puntualmente, en el caso de los funcionarios del organismo y de toda la administración pública "están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos" y que "igual obligación existirá para todo tercero respecto de cualquier documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley que fueran presentadas por cualquier contribuyente". Sin embargo, la ley incluye la excepción para "los periodistas y comunicadores sociales, así como los medios de comunicación".

Para la AFIP la hipótesis más firme es la de la actuación de "empleados infieles"; pero también se trabajará sobre la posibilidad que los sistemas del organismo hayan sido hackeados, algo que se considera "poco probable". Hasta ahora la única renuncia fue la del subdirector general de sistemas y telecomunicaciones, Jorge Enrique Linskens, de 76 años y un histórico de la casa y considerado el "padre" de la instrumentación y modernización de la informática y los bancos de datos del organismo. 

La segunda tarea de Sosa en igualdad de importancia que la primera) será ahora volver a garantizar el blindaje de las identidades de las personas y empresas que ingresaron en el blanqueo. En ese llamado terminado el 31 de marzo se abrieron más de 115.000 cuentas bancarias con depósitos por unos USD7.200 millones y se exteriorizaron USD116.800 millones, equivalente al 21,6% del PBI.