Los ministros de Ambiente y Producción Sustentable y de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Javier Montero y Luis Gómez Almaras respectivamente, participaron ayer de una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados en torno a las leyes provincial 7.658 y la nacional 26.160.

La reunión fue convocada por la comisión de Diversidad Cultural y Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y estuvo encabezada por el titular del cuerpo, Manuel Santiago Godoy y participaron además legisladores provinciales y nacionales, integrantes del IPPIS y miembros de comunidades originarias.

Durante el encuentro, el ministro Montero explicó los avances en la reglamentación de la Ley 7658 - Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales que entre sus principales puntos frena los desalojos a pequeños productores y crea un registro para acompañar y asesorar a quienes realizan trámites ante la Justicia para certificar sus derechos sobre las tierras de las que son poseedores de hecho.

Montero destacó que recientemente el Gobierno provincial firmó un convenio con intendentes para que los municipios colaboren en la tarea de registrar a aquellos pequeños productores o familias rurales en conflicto inmediato para agilizar la asistencia a estos sectores.

“La intención del Gobierno es identificarlos rápidamente y localizarlos geográficamente  para darles solución”, indicó el ministro de Ambiente y Producción Sustentable.

Finalmente, agregó que esta ley también prevé beneficios en general para los pequeños productores que son titulares de dominio de las tierras donde viven y para los que están asentados en tierras fiscales, que no tienen riesgo de desalojo.
 
Ley Nacional 26.160
 
Durante el encuentro también se abordó la prórroga de la Ley Nacional 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas originarias del país.

Al respecto, el ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almaras, se refirió al trabajo de relevamiento de comunidades aborígenes, contemplado en la Ley Nacional N° 26.160, e informó que ya fueron relevadas unas 272 comunidades, y que está planificado hasta fin de año, llegar a 320, el 80% del total de comunidades, que llegaría alrededor de 400.

Destacó además que el relevamiento se realiza tanto a comunidades que poseen o no personería jurídica, y que este trabajo no significa la entrega del título de propiedad comunitaria.

La Ley 26.160 es del año 2006, es una Ley de emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria,  por ese lapso de tiempo que vence a mediados de noviembre, se suspenden las sentencias de desalojos.

Gómez Almaras dijo que se mantuvieron encuentros con distintos legisladores nacionales que representan a Salta en el Congreso para avanzar en una metodología de trabajo, tendiente a solicitar una nueva prórroga de esta Ley a fin de poder concluir con los trabajos de relevamiento y posterior regularización territorial.  

Por su parte, el diputado Santiago Godoy manifestó que podría gestionarse que todos los juicios de desalojos deban pasar obligatoriamente por una instancia de mediación. “Quizás viéndose cara a cara cada una de las partes lleguen a una solución sin necesidad de un fallo judicial”, expresó.

Del encuentro también participaron el secretario de Asuntos Indígenas, Enrique Rojo, el secretario de Desarrollo Comunitario, Ricardo Echenique, el coordinador del ministerio, Martín Wierna, el subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades, Ariel Sánchez, el subsecretario de Desarrollo Comunitario, Alejandro Aguilera, el titular del Equipo Técnico Operativo (ETO) Provincial, Jorge Delgado, la presidenta del IPPIS, Romelia Durán y vocales de este organismo.