Es investigada en dos causas por estafa y le dan $ 80 millones que pertenecen a todos los sanluiseños. Nadie puede explicar el destino de la plata, conozca los documentos de la maniobra. Armó una fundación y en tiempo récord recibió el dinero.

El sitio Zbol dio a conocer la documentación que prueba la acreditación de la suma de la millonaria en la cuenta de la “Fundación Mujeres Puntanas” que preside Gisela Vartalitis de Rodríguez Saá.

La Fundación de Vartalitis y la acreditación de los $ 80 millones.

El asunto salió a la luz luego de que el portal Zbol.com.ar que rápidamente se viralizó por todo el país y en donde consta la documentación en la que puede verificarse la información publicada. Pero también la oposición, alineada con el exgobernador Claudio Poggi tiene elementos que aportar.

El senador Adolfo Rodríguez Saá y su esposa Gisela Vartalitis lanzaron el 5 de agosto el proyecto "Mujeres Puntanas Emprendedoras".

Los antecedentes de la mujer de Adolfo se remontan a su Mendoza natal en la que es investigada en dos causas, la primera en el expediente Nº P-97.013/05, caratulado: “Fiscal c/ Cruz Jorge y Muñoz María p/ Estafa en concurso real, con falsificación de instrumento privado en concurso real, con usurpación por abuso de confianza mediante la intervención del título”, se originó cuando el padrastro, la cuñada y el hermano de Gisela, habrían falsificado el contrato de alquiler de un local comercial sobre avenida San Martín.

En la segunda causa, Gisela es señalada junto a su hermano en el expediente N º 36.613/06, caratulado: “Fiscal c/ Vartalitis, Gisella y Vartalitis, Ricardo Andrés p/ Estafa”.

Luego la historia que todos conocemos, enamoró, siendo la secretaria, al millonario Adolfo Rodríguez Saá, tuvieron un hijo y se casaron en una mansión valuada en $ 75 millones. Ahora es la mujer fuerte en la que se apoyan los hermanos Adolfo y Alberto, maneja a discreción los fondos públicos, no rinde cuentas y desató una guerra familiar por la herencia con los hijos mayores de su esposo.

De acuerdo a la documentación, tan sólo cinco después de solicitar el subsidio recibió $ 80 millones que pertenecen a todos los sanluiseños. Nadie le pide explicaciones sobre le destino de semejante suma de dinero, tampoco ella está dispuesta a decir en qué lugar terminará la plata, aunque se supone que algunas de las sociedad que conformó con su marido podrían recibir ese dinero.

Las respuestas que buscan los diputados:

1.- Antecedentes debidamente acreditados en materia de emprendedurismo que registra la fundación.

2.- Recursos económicos propios de la fundación que afectará a la ejecución del proyecto.

3.- Detalle de los objetivos cuantificables del proyecto Mujeres Puntanas Emprendedoras.

4.- Detalle de bienes de uso e insumo a adquirir por la fundación con los fondos públicos, indicando y acompañando, los estudios previos realizados para determinar la necesidad, características y cantidad de los mismos, munido de los respectivos presupuestos aportados por los proveedores correspondientes en cada caso.

5.- Detalle de profesionales y personal afectado al proyecto, indicando la forma de vinculación contractual con la fundación y los antecedentes curriculares en la materia de cada uno de ellos.

6.- Detalle pormenorizado y justificado de otros gastos que demandará la ejecución del proyecto.

7.- Plazo de ejecución y lugar de localización del proyecto.

8.- Garantías requeridas a los efectos de salvaguardar los fondos públicos entregados en subsidio.

9.- Partidas presupuestarias que fueron disminuidas para el aumento de las partidas presupuestarias que demandó el otorgamiento del subsidio.

10.- Las razones por las cuales se le dio un tratamiento preferencial al trámite.

Los diputados opositores entienden que “es muy probable” que la solicitud sea rechazada por sus pares de Compromiso Federal y aliados.

Si en el ámbito legislativo no consiguen respuestas planean ir a la Justicia Federal. Sostienen que “el posible uso en la campaña electoral de estos recursos, habilitarían a que ese fuero y no el provincial, lleve adelante una investigación con mayores garantías de imparcialidad”.

En principio creen que podrían tipificarse los delitos de “malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, más allá de lo estrictamente inherente al manejo de fondos para la campaña”.